A un año de que se prohibiera en México el uso de la subcontratación no especializada, 42 por ciento de las empresas ven el incremento de la carga administrativa y laboral como el principal problema que enfrentan, luego del cambio en la legislación.
De acuerdo con un reporte de la consultora Kelly Services, otro 60 por ciento de los patrones tampoco ha resuelto problemáticas relacionadas con el conocimiento de la nueva regulación y sus alcances legales.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explica, por ejemplo, que hay algunas actividades que no se subcontratan, sino que simplemente son ofrecidas por trabajadores independientes.
“Esas no deberían pasar por el Repse, según los criterios que hemos discutido en el sector empresarial. Ése es uno de los temas donde todavía hay algunas inquietudes”, explica.
Luego de la reforma, se volvió obligatorio que quienes subcontraten servicios que no formen parte de su objetivo social o su actividad empresarial preponderante, deban contratar a empresas que estén dadas de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse).
Uno de los supuestos que causa mayor duda, es el del término ‘Poner a disposición’, a los empleados del servicio especializado, pues de acuerdo con representantes del ramo empresarial, la legislación no es clara sobre este supuesto.
Incluso, explican que se puede confundir con una subordinación, lo cual ya caería en la subcontratación del tipo que se intentó extinguir con la reforma.
“Es algo en lo que todavía hemos insistido que debería acostarse ese criterio, simplemente para no generar más cargas a quien recibe los servicios y en su momento, que no inhiban la actividad de muchos micro y pequeños empresarios”, explica Roel.
Para Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, pese a los contratiempos, la experiencia ha sido positiva, pues se ha terminado con 90 por ciento de las firmas que defraudaban al fisco con la subcontratación.
