Contra los pronósticos de pérdida irreparable de empleos al ser prohibido el outsourcing en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un incremento del 20 por ciento en las altas patronales registradas durante el 2021 relacionadas con la migración de esquemas de subcontratación a la formalidad, lo que en números representó un ingreso por cuotas de 382 mil millones de pesos.
La cifra corresponde a 3 millones de trabajos que salieron del esquema de subcontratación y fueron reconocidos por el patrón al que ya le trabajaban, pero bajo un esquema triangulado.
“Las expectativas se basaron en la realidad social y económica que en ese momento estaba a la baja y a la resistencia que las empresas manifestaron durante todo el proceso de negociación y discusión legislativa, sorprendentemente los datos que reporta el IMSS han superado las estimaciones en favor de los trabajadores, pues parece que ocuparon un lugar dentro de los que ya eran sus centros laborales”, comentó Susana Roldán, asociada de la firma DM abogados.
Explicó que el reporte ante el IMSS es alentador dadas las condiciones tanto salariales, como de calidad en las plazas ocupadas, sin embargo, el reto será comprobar que en el campo laboral los trabajadores de verdad reciban los sueldos prometidos y las prestaciones sean reales y no sea una simulación, alertó la especialista.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó en diversos foros públicos que durante enero de este año se generaron 142 mil empleos formales y prevén que la tendencia aumente en este 2022 dada la recuperación económica ante el semáforo verde que reanuda las actividades en el país y con ello las oportunidades laborales para muchos.
“Los patrones entendieron las implicaciones de la reforma y llevaron a cabo la aplicación del ajuste a sus plantillas de trabajadores, en tiempo y forma”, reportó la funcionaria.
El aumento de empleos formales vino de la mano con un incremento al salario del 19 por ciento, ya que los registros del IMSS indican que pasó de 467.9 a 560.8 pesos lo reportado por las empresas.
De los trabajadores que dejaron el outsourcing para ser contratados, la autoridad estima que dos millones mantuvieron la misma actividad dentro de la empresa lo que apoyó su crecimiento, y el millón restante se integraron a actividades diferentes, pero ya de manera formal.
“Era muy complicado que las empresas abrieran las plazas que cubrían mediante el outsourcing, por lo que algunos de los trabajadores que migraron no mantuvieron sus mismos puestos. Lo que se sabe hasta el momento es que los integraron a las empresas y formalizaron su trabajo, aunque no en la misma área, para muchos fue una oportunidad de trabajo seguro y la tomaron”, apuntó Roldán en entrevista para RS Sindical.
Otro dato que destacó el IMSS es la continuidad en la relación laboral ya que dejaron de existir los contratos temporales que manejaban en el outsourcing y que para muchos representaba incertidumbre, disminuyeron las plazas temporales y aumentaron las permanentes.
“Se ha demostrado que la reforma en materia de subcontratación laboral no generó ninguna distorsión en el mercado laboral formal, es decir no generó un incremento en el número de bajas”, precisó la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS quien también aseguró que el 80 por ciento de las empresas que recibieron en sus nóminas a los trabajadores que antes estaban en outsourcing cumplieron con las nuevas reglas en la materia, mientras que el resto no reportó oficialmente la integración.
¿Y los que mantuvieron el outsourcing?
El IMSS informó que este año continuarán las inspecciones a empresas que mantuvieron el outsourcing para confirmar que los trabajadores cuenten con todos los derechos establecidos en la ley y que las actividades que realizan en verdad requieran esa modalidad de trabajo.
Dado que las inspecciones anunciadas serán aleatorias, con la idea de realizarlas a la totalidad de las empresas y personas físicas inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), el hecho de mantenerse alerta generará presión en su operación y existencia misma, ya que pueden perder el registro si obtienen un dictamen desfavorable, advirtió la especialista.
La dependencia expuso también que apelarán a la “responsabilidad solidaria” planteada en las reformas laborales relacionadas con el outsourcing que de origen se crearon para combatir la reducción salarial al momento de registrar a los empleados oficialmente ante el IMSS o en los ajustes en las primas de riesgo, que en las últimas décadas no corresponden con las actividades que llevaban a cabo en realidad y cuando sucedía algún incidente las incapacidades no procedían.
La responsabilidad solidaria también aplica en los casos donde la empresa de subcontratación se deslinda del trabajador y dado que la empresa que recibe los servicios no los tienen registrados, ambos dejan a la deriva al trabajador como fue ahora en la pandemia por Covid19 cuando los trabajadores contagiados no fueron apoyados por ninguna de las dos empresas.
“Las cifras esperanzadoras que mostró el IMSS no son definitivas, habrá cambios conforme pase el tiempo y se vaya viendo si las inspecciones son continuas, efectivas y si las sanciones que se lleguen a aplicar son ejemplares, eso le dará confianza y credibilidad al proyecto de regularización de la subcontratación”, señaló Roldán.
Advirtió que de no haber sanciones contra las empresas en donde existan irregularidades ocurrirá un efecto dominó negativo en el cumplimiento.
La especialista en temas laborales comentó que hasta el momento han tenido reportes de que las empresas de outsourcing en temas de limpieza son las que mantienen operaciones sin cambio aparente en favor de los trabajadores.
“Uno de los ejemplos que usaron los diputados para eliminar la subcontratación fueron los servicios de limpieza en empresa, pero es en donde se han mantenido al verse rebasados para asumir a los trabajadores. El propio gobierno continúa subcontratando al personal de limpieza, nada ha cambiado”, señaló.
Esperan aumento en reparto de utilidades
Con el aumento en empleos formales, con salarios por encima del promedio, la autoridad prevé que se incremente en hasta 100 mil millones de pesos la participación de los trabajadores en el Reparto de Utilidades para este año.
La STPS informó que hizo un diagnóstico del pago que reciben los trabajadores por este derecho laboral y en promedio es de 22 días, lo que representa 7 mil 301 pesos aproximadamente, sin embargo, con la incorporación de al menos 3 millones de personas a las nóminas reales de las empresas y la obligación por ley para pagar el 10 por ciento de las utilidades reales de las empresas, estima que podría llegar hasta a 55 días en promedio por trabajador, lo que eleva la suma hasta en 18 mil pesos.
El nuevo cálculo para el reparto de utilidades fue aprobado el año pasado por el Congreso de la Unión y contempla una fórmula de repartición del 10 por ciento de las ganancias de las empresas, según lo estableció la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
“La conclusión en los diferentes sectores es que, como establecimos y lo vemos en costos, actualmente se están repartiendo 56 mil 120 millones de pesos y se espera un incremento de 100 mil millones de pesos para este año en el ejercicio de este derecho”, remarcó la titular de la STPS.
El PTU es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias obtenidas por una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.
Originalmente, las “ganancias” que obtenía una empresa a lo largo del año se repartían entre los empleados que tenían al menos 60 días de antigüedad en su puesto. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 117 establecía que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
La proporción que hasta el año pasado se establecía era del 10 por ciento en promedio y daba también la libertad para que cada empresa ajustara los porcentajes según su situación, siempre y cuando se cumpliera con un mínimo básico de cantidad de días trabajados y antigüedad, sin embargo, tras las reformas hechas al marco legal laboral en México el porcentaje se tradujo en mínimos y máximos de asignación.
Los trabajadores que no tienen derecho a recibir utilidades son los directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales, profesionistas y técnicos que hayan recibido el pago mediante honorarios, así como quienes trabajen en el hogar.
En tanto, las empresas que no están obligadas a dar utilidades a sus trabajadores son las de nueva creación durante su primer año de operaciones, pero si se dedican a la elaboración de un producto nuevo quedan exceptuadas hasta los dos primeros años de funcionamiento.
Tampoco participan en las utilidades las instituciones de asistencia privada que no tengan fines de lucro, el IMSS o las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencias, así como las empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR sea menor a 300 mil pesos según información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
Las fechas para recibirlo son el 30 de mayo para quienes trabajen para empresas privadas; mientras que aquellos que trabajen para una persona física deben recibir a más tardar el 29 de junio el pago correspondiente.
Al respecto, Susana Roldán dijo que hay todavía muchas lagunas en cuanto a la aplicación de los ajustes al PTU y en casos en los que los trabajadores que se incorporaron a las actividades formales tuvieron durante el año dos patrones y les correspondería el reparto de utilidades por cada uno.
“En esos casos cada empresa deberá otorgar la parte proporcional al 10 por ciento de sus utilidades durante el año, y sumados se estaría hablando de que recibirá una suma del 20 por ciento en total ¿eso está bien? ¿se debe ajustar para que en total sea el 10? son preguntas que las reglas de operación de las reformas aprobadas no lo precisan y este año ya es ineludible el pago del PTU bajo las nuevas reglas”, apuntó.
Otro punto a debatir es sobre las empresas que entregaban más de dicho porcentaje a sus trabajadores, como el caso de los mineros que aquí en RS se manifestaron contra la medida y aunque anunciaron acciones legales para evitar su cumplimiento, aún no hay avances en el tema.
Carlos Pavón, Secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, FRENTE, explicó que su sector es uno de los más afectados ya que al año reciben entre 70 y hasta 120 mil pesos por trabajador, lo cual rebasa los cálculos hechos en las reformas y podrían limitarse la entrega, dejando sin destino el dinero restante.
En su momento advirtió que la reforma realizada en el Congreso de la Unión era anticonstitucional y criticó que haya sido el legislativo quién se haya inmiscuido en temas que atañen al entorno laboral.
“Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque en este apartado de las utilidades (la Constitución) mandata una comisión tripartita entre gobierno, trabajadores y patrones para determinar el monto, a partir del 10 por ciento de las utilidades ganadas por la empresa, lo cual ya no va a ocurrir”, expuso a RS Sindical.
Otro punto delicado en los nuevos lineamientos para el reparto de utilidades son los impuestos gravables que se elevan e impactan de manera negativa al trabajador, pues de inicio suena atractivo que puedan recibir más dinero por concepto del PTU pero no se habla de las implicaciones fiscales para todos.
