El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un proyecto de reforma con el que desaparecerá 17 dependencias federales y tres mil 174 trabajadores se quedaron sin empleo.
De acuerdo con el documento, sus funciones serán transferidas a la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Secretaría de Gobernación (Segob).
En estas dependencias trabajan tres mil 174 servidores públicos, de acuerdo con el Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.
Estos organismos son:
- Secretaría General del Consejo Nacional de Población – 127 servidores públicos
- Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados – 48 servidores públicos
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes – 61 serviores públicos
- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 179 servidores públicos
- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía – 97 servidores públicos
- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias – 166 servidores públicos
- Instituto Nacional de la Economía Social – 437 servidores públicos
- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – 96 servidores públicos
- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas – 96 servidores públicos
- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación – 108 servidores públicos
- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores – 790 servidores públicos
- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad – 31 servidores públicos
- Instituto Mexicano de la Juventud – 205 servidores públicos
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – 362servidores públicos
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático – 325 servidores públicos
- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar – 8 servidores públicos
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción – 74 servidores públicos
En la iniciativa de ley se menciona que los derechos de los empleados se respetarán, pero el mismo documento indica que las dependencias que absorban a estos organismos deben tener presupuesto suficiente para liquidar al personal.
Especialistas consultados señalan que el escenario legal de estos funcionarios es incierto, por los cambios que puedan darse tras la fusion.
El politólogo Javier Martínez, en un análisis publicado en la Revista Nexos, expuso que la reestructura administrativa tiene que ver más con una centralización de la autoridad que con un tema de austeridad.
Y es que los dos mil 755 millones de pesos que tienen los 17 organismos representan apenas 0.04% del PEF para 2022.
Los especialistas señalaron que los trabajadores de los organismos descentralizados del gobierno se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, es decir por el marco legal de la iniciativa privada.
“Hay muchos casos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de trabajadores que han sido separados en anteriores reestructuraciones y que no se les paga ningún tipo de indemnización”, dijo Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El especialista señala que los más afectados podrían ser los burócratas absorbidos por una dependencia federal, pues cambiarían al apartado A del artículo constitcional.
Pero también es preocupante la situación de los que sean despedidos, pues no son claras las reglas de la indemnización.
“Se plantean escenarios en los que se ordena una reestructuración administrativa y no solamente habrá reajustes en los puestos de trabajo, sino a los montos de los salarios que se pudieran estar pagando a los servidores públicos que continúen trabajando.
“Las fusiones también pueden traer como consecuencia que se firmen nuevos contratos de trabajo y eso derive en una reducción de sus derechos. Aunque estos temas son ilegales, si el trabajador acepta una reducción de salarios o prestaciones no hay algo que se pueda reclamar”, expone Fuentes Muñiz.
Sara Morgan explicó que la desaparición de un organismo descentralizado implica la extinción de la fuente de empleo y, por lo tanto, los servidores públicos se sujetarán a un nuevo contrato.
Entre los escenarios probables ante la desaparición, lo mas probable es que haya una reducción de los sueldos
Lee la nota completa en El Economista
