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Discriminan a trabajadores luego de contraer COVID

Diputado de Morena, José Fernando Mercado, propone sensibilizar a empresarios respecto a trabajadores que padecieron la pandemia y se reincorporaron a sus labores

No fue suficiente con padecer COVID-19 y cargar con las secuelas que dejó en su estado general de salud, ahora muchos trabajadores en México son discriminados en sus centros de trabajo por haberlo contraído, lo que representa una violación a sus derechos laborales.

El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Copred) informó que desde el año pasado un gran porcentaje de las quejas contra empresas que han despedido trabajadores o negado la contratación a nuevos ta- lentos quienes reportaron el contagio previo o en el momento.

Tal fue el caso de Óscar Muñoz, empleado bancario (se omite el nombre de la institución a petición del entrevistado), asignado al área de cajas en la sucursal donde trabajaba. Pese a la protección personal y la que el mismo banco proporcionó, se contagió presuntamente por el contacto con los usuarios.

Dos de sus compañeros también dieron positivo a la prueba, a los tres los enviaron a casa. El trámite de la incapacidad en el IMSS lo hizo por internet y desde ahí empezaron los problemas en temas administrativos porque el el banco no le aceptó el aviso generado online, pero era la única opción y mientras lo arreglaban, su sueldo se quedó congelado.

Oscar no está sindicalizado, no había instancia de apoyo para él dentro del banco, tuvo que pelear por sus derechos a través de llamadas telefónicas, mails y el repentino cambio en el trato recibido por sus jefes que lo llevaron a sentir que “era el apestado”.

“Antes de enfermarme todo era buena onda en la sucursal, pero en cuanto enfermé y me fui todo cambió en mal plan, mi jefa, la gerente, ya no me respondía los mensajes directos, me indique toda la comunicación era a través de Recursos Humanos”, detalló.

Estuvo de incapacidad mes y medio, la empresa sólo le reconoció 11 días, el resto se los descontaron de días de vacaciones y hasta hubo unos días adicionales que le descontaron, No hubo apoyo en ningún sentido.

Se incorporó en diciembre del 2020, ya que estaba totalmente recuperado, hasta ese momento no presentaba ninguna secuela (meses después han sido dolores de cabeza que nunca había presentado, ya está en tratamiento). No le asignaron turno en caja, empezó con actividades administrativas fuera de los mostradores, pocos se le acercaban, se sintió nuevamente como “el apestado”.

Cuenta que empezó a valorar dejar de trabajar ahí pero esperaría única- mente a que pagaran el aguinaldo y los bonos de fin de año para dejarlo todo. Su plan estaba cercano a la realidad, ya que para la primera quincena de diciembre, fue llamado en el corporativo, para anunciarle que quedaría a disposición de personal ya que no era requerido en la sucursal.

“Sugirieron muy, pero muy sutilmente, que podía firmar mi renuncia en ese momento para aprovechar y seguir descansando del COVID-19 que había padecido. Tanta amabilidad y mencionar la enfermedad me hizo saber que el tema era ese”, apuntó.

A la semana de estar en espera de una nueva asignación le informaron que sus servicios ya no serían requeridos y le entregaron su finiquito en el que iban incluido el aguinaldo y los bonos que tanto había esperado, obviamente no en la cantidad que tenía calculada, pero ahí estaban, si no firmaba, no habría pago.

“Nunca me amenazaron, pero tendiendo ellos el cheque con mi dinero, si no firmaba el finiquito, no había nada. Tuve que hacerlo”, declaró.

El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) advirtió que es un acto de discriminación el despido o suspensión del salario a una persona de quien se sospecha es portadora del virus o que es susceptible a tener complicaciones por el coronavirus.

Indicó que es un trato diferenciado y excluyente fundado en prejuicios, suposiciones no confirmadas y temores que conducen a la violación de derechos, tal como le sucedió a Amelia Torres, quien padeció COVID-19 luego de que su esposo Mario contagiara a toda la familia, tras haber sido infectado a su vez en su trabajo.Todo ocurrió en septiembre del año pasado, aún la pandemia estaba en su pico alto, Mario se agravó, lo internaron, lo intubaron y después de seis semanas murió.

Amelia, con el dolor de la pérdida tuvo que sobrellevar su contagio y atender el de sus dos hijas adolescentes en casa ya que ninguna de las tres requirió hospitalización. Al quedar ella como jefa de familia tuvo que buscar empleo y la empresa de seguridad en la que trabaja su esposo ofrecía vacantes con su perfil.

“Junté mis papeles, hasta certificado negativo de COVID llevé y en la oficina donde me los recibieron se les hizo raro que lo llevara, sin que lo hubieran pedido, les expliqué que era porque me había dado y para darles confianza y de paso les conté lo de Mario y de inmediato la licenciada cambió el tono conmigo, fue cortante en adelante y me dijo que no podían contratarme y que lo lamentaban. Le pregunté si era por el COVID y no me quiso responder y sólo decía, lo lamento mucho pero por el momento no podemos contratarte”, narró en entrevista para RS.

Compañeros de Mario que supieron del rechazo a su contratación le comentaron que la gente que había dado positivo a COVID-19 en alguno de los turnos o los nuevos que llegaban a pedir trabajo no los querían, porque a las empresas a las que ofrecen los servicios de seguridad se lo estaban exigiendo también.

Esta situación, además de discriminatoria y violatoria a los derechos labores de Amelia, evidenció también que los elementos de seguridad que continuaron en activo les fueron duplicadas las horas de trabajo, no siempre remuneradas al cien por ciento, y en una época en la que las condiciones de salud en los espacios laborales aún eran de riesgo para todos.

Estos dos ejemplos son apenas la punta del iceberg que representa la violación a los derechos laborales de las personas bajo el argumento (declarado u oculto) de haber padecido CO- VID y sus secuelas.

Ante este escenario, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Fernando Mercado Guaida, abordó el tema en un reciente foro al que convocó a organizaciones empresariales con la intención de sensibilizarlos a la nueva realidad de los trabajadores en cuanto a su salud y emprender acciones para garantizar el trabajo digno de los capitalinos.

“Es violatorio de sus derechos y desde el Congreso de la Ciudad de México vamos a dar la batalla, primero para visibilizar estos casos y en segundo lugar, para sensibilizarlos”, indicó el legislador y aunque el tema de la discriminación en procesos de contratación es compleja su validación con pruebas, en el caso de los despidos es más claro, por lo que se enfocarán a ello.

“En donde sí hay mucha evidencia es en los despidos cuando cesan o no se renueva un contrato o se despide a un trabajador por este motivo (aunque no sea expreso), ya sea después de la enfermedad o porque haya familiares enfermos en casa, ahí se pueden constituir elementos que generen relación entre el acto discriminatorio y la enfermedad”, apuntó.

Comentó que a nivel legislativo ya está tipificada la discriminación laboral como violación a la ley, pero será necesario hacer más énfasis a lo relacionado a las condiciones de salud del trabajador.

“Aquel que decida discriminar a alguien o correr a alguien por tener una

enfermedad a la que todo el mundo estamos expuestos y que no creo que exista un solo mexicano que no conozca a alguien que le haya dado, o peor, que haya fallecido por COVID-19 está negando una realidad”, comentó el legislador en entrevista para RS.

Adelantó que presentarán un punto de acuerdo para que la Secretaría del Trabajo revise esta situación y también otras enfermedades respiratorias ya que se ha generado una especie de psicosis frente a enfermedades respiratorias contagiosas que no necesariamente son COVID-19.

Confió en que el diálogo con los empleadores para sensibilizarlos en torno a la realidad del COVID-19, in- formándoles que cualquiera de las acciones antes mencionadas son violatorias de los derechos laborales que pueden llegar a ser sancionadas penal- mente, según el caso.

EMPRESAS LO NIEGAN

Las empresas denunciadas ante Copred y Conapred han negado que los despidos sean por discriminación a causa del COVID-19, argumentan ante las autoridades reducción presupuestal por el impacto económico de la pandemia, en ningún caso procedieron las denuncias, pero sí se concretaron los despidos.

Al respecto, el diputado José Fernando Mercado reconoció que las políticas de discriminación en las empresas en realidad son actitudes aisladas de ciertas personas pero que al tener poder de decisión en la contratación.

“Muchas veces no es un tema del dueño de la empresa o del director general de la empresa sino de una persona en el área de Recursos Hu- manos que está tomando una decisión unilateral que no corresponde con los principios, los valores y las políticas de una empresa. Por eso es importante el diálogo poco a poco”, dijo.

Consideró necesario que sindicato, organizaciones y legisladores estén al pendiente de las personas que hayan sufrido discriminación por esta situación y a quien las cometa castigarlos con todo el peso de la ley.

EL FUTURO LABORAL POSTCOVID-19

La “nueva normalidad laboral” para quienes se contagiaron y recuperaron de COVID-19 requerirá ciertas concesiones, al menos temporales, que muchos empleadores no están dispuestos a ceder, en aras de la baja en la productividad de las empresas.

El legislador Mercado Guaida comentó que hay trabajadores que por diferentes causas, no solo el contagio de coronavirus, los deja en condiciones especiales al momento de prestar sus servicios y desempeñar sus labores.

“Para eso existe la ley, eso no puede ser un criterio que esté puesto a decisión del mercado, porque el mercado va a buscar los óptimos, que ganen menos, en el menor tiempo, que tengan mayores facilidades, menos condiciones especiales de cualquier tipo. Estaríamos regresando a la Primera Revolución Industrial del siglo XIX. La ley cuida a que esas condiciones físicas de salud o de las que sean, no sean un argumento y no sean materia de disriminación, ni tampoco criterio para la contratación”, dijo.

Consideró que las empresas deben proteger a sus empleados y más a quienes padecieron COVID-19 con condiciones especiales que no serán definitivas ya secuelas que muchos presentaron post COVID-19 están disminuyendo con el paso del tiempo, esto como parte de la responsabilidad social así como la lógica de mercado a la que se deberán adaptar.

Ante esto, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) en la Ciudad de México lanzó el Pacto por la igualdad y la no discriminación al que invitó a las empresas a sumarse para procurar un trabajo decente para la sociedad.

El pacto busca evitar retrocesos en los avances en materia laboral conseguidos las últimas décadas y que pese a estar avalados por el marco legal, es mejor si se evitan las actitudes, en lugar de sólo sancionarlas.

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