En la República Mexicana hay dos mil 700 empresas distribuidoras de vehículos nuevos y usados, empresas que pagan impuestos, cumplen con la regulación federal y generan empleos directos.
Además, platas armadoras donde la planta laboral y la inversión generan una derrama económica que se refleja en el Producto Interno bruto y en la captación de recursos para los gobiernos municipal, estatal y federal.
Como una amenaza a las empresas distribuidoras de autos del país fue recibido el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar todos los autos irregularmente importados al país desde Estados Unidos.
Con ello prácticamente se legalizó la informalidad. Anunciado el decreto desde el 27 de junio pasado, hecho en Tijuana, desde entonces se observó cómo la circulación de vehículos de contrabando en la faja fronteriza se incrementó. Solamente en el estado de Baja California se estima que hay 800 mil vehículos ilegales.
La medida del decreto formalizado por el Jefe del Ejecutivo fue considerada como un golpe certero contra las empresas formales porque fortalece la informalidad y la economía subterránea.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que regularizar los autos ‘chocolate’ pone en riesgo el empleo de 2 millones de personas y la recaudación de impuestos.
El organismo empresarial establece que actualmente quien cumple con lo estipulado puede introducir legalmente un auto a México, pero que el problema radica en el ingreso ilegal porque representa un acto de evasión fiscal.
COPARMEX dejó asentado que es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos.
El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los autos, que han sido importados a México desde Estados Unidos —conocidos como autos “chocolate”— es un “duro golpe” a una de las industrias que más empleos genera en el país, la automotriz, estableció.
GOLPE A LA FORAMALIDAD
Hay precedentes con relación a la regularización de los llamados autos chocolate. Existen 19 procesos de regularización de esos autos ilegales. De 1979 a 2011, al acuerdo firmado por López Obrador.
Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador regula la importación definitiva de vehículos usados, por lo que es factible importar un vehículo usado legalmente.
La disposición presidencial pone en riesgo casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo. Muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno.
La legalización indiscriminada de autos “chocolate” es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos, consideró Coparmex.
En el mercado nacional se vendieron 757,846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7% por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.
La producción total de vehículos ligeros está 23.8% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y la producción registrada en septiembre de 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.
Coparmex informó que la competencia desleal que representa la regularización de autos “chocolate” atenta gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advierte que la regularización de los autos “chocolate” implica una caída del 39% en las ventas del mercado nacional.
Y especifica que “Una medida así afectaría las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejará de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”.
Por otro lado habrá una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11,000 millones de pesos por este concepto.
AFECTACIONES COLATERALES
También se argumenta que el impacto al medio ambiente y a la seguridad de las personas no puede ser ignorado, ya que con este decreto se alienta la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedades son altamente contaminantes.
En la actualidad no se tiene cuantificado cuántos vehículos ilegales hay en México, porque en la faja fronteriza en la que se incluye a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo y Tamaulipas, la estimación es que circulan casi 3 millones de unidades. Además, se incluye a Baja California Sur.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estableció que la decisión del Presidente López Obrador de regularizar los llamados vehículos “chocolates” perjudica la economía nacional y es un riesgo para la planta laboral nacional que se ve amenazada.
AMDA fijó desde el principio en que se anunció la media, que una nueva regularización sería un pésimo mensaje no sólo para la industria automotriz sino para todo actor económico, nacional o del exterior que busque invertir en México.
Quedó establecido que legalizar lo ilegal es un pésimo referente para la certidumbre jurídica en cualquier ángulo de la vida social y económica del país.
El sector automotriz organizado representa casi el 4% del PIB nacional, más del 20% del PIB manufacturero, con más de dos millones de empleos directos y, además, es el principal actor económico en atracción de divisas para el país, superando al petróleo, el turismo y las remesas.
Es necesario precisar que la Secretaría de Economía no tuvo la intención de conciliar con los representantes del sector automotriz ni manifestó voluntad para explicar el sentido de las políticas públicas que fortalezcan los argumentos el sentido de un programa de renovación del parque vehicular o un plan de estímulos frente a la mayor crisis económica producida por el COVID y recrudecida por los retos estructurales del país.
AMDA informó que la regularización de vehículos de contrabando representa una medida contraproducente que será interpretada por muchos sectores en Estados Unidos como la apertura de México para “el gran chatarral automotriz”.
Los autos “chocolate” incluyen vehículos siniestrados y dados de baja por las propias aseguradoras estadounidenses e incluso que fueron utilizados para ilícitos en la Unión Americana y tuvieron paso libre para ser internados en territorio mexicano.
Pero la medida autorizada por el gobierno mexicano abre la puerta para que a los vehículos ya internados se puedan sumar más y la cantidad aumente de manera incontrolable.
Indudablemente la medida de regularización afectará al mercado interno automotriz. Todos los sectores sociales se verán afectados, incluidos los de menores recursos que se habían hecho de un automóvil en el mercado legal y que ahora verán reducir aún más el valor de su patrimonio.
La cadena de los vehículos usados y seminuevos perderá valor por una regularización que atenta con menores precios para todos los vehículos a partir de la legalización de un universo que ni siquiera la autoridad tiene una idea del tamaño.
Frente a un mercado global de vehículos nuevos en un proceso de relocalización productiva con un serio problema de proveeduría de semiconductores, la asimetría entre vehículos usados, seminuevos y nuevos será mayor en detrimento del poder adquisitivo y del valor de reventa de cualquier vehículo.
ABREN HOYO PARA BACHES
La amenaza de generar desempleo por cierre de agencias distribuidoras de automóviles y la posibilidad de reducir jornadas en las plantas armadoras, constituyen una amenaza latente para los obreros mexicanos.
México es el cuarto exportador global de vehículos ligeros, el séptimo a nivel global y uno de los primeros en autopartes y transporte pesado, ha sido un esfuerzo de casi un siglo.
Sin embargo al regularizar los autos “chuecos” se argumenta que los recursos irían a los estados y municipios para el bacheo, que es “el principal problema para la gente que vive en las ciudades”.
El presidente López Obrador dijo que “El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro; entonces, los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo”.
“Van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades”.
Los recursos serían destinados para atender lo que el pasado 2 de agosto, en referencia a una encuesta del INEGI, llamó el presidente “el principal problema para la gente que vive en las ciudades”.
“Entonces, vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga”, dijo.
“Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados”.
En Baja California, el mandatario aseguró que con esta medida se podrán recabar hasta 1.300 millones de pesos tan sólo en esta entidad.
AUMENTO DE PRECIOS
La regularización de autos ‘chocolate’ ha generado un aumento en el precio de los vehículos que se venden en las distribuidoras de los estados fronterizos en México.
Solamente en Tijuana, Baja California se estima que hay más de 800.000 autos “chocolate”, según estimaciones del Gobierno de México.
Son autos ilegales o “chuecos”, que coloquialmente las personas en la frontera los denominan “chocolate”, son vehículos viejos que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México y que posteriormente se venden en la calle, aunque carecen de autorización para circular.
La miscelánea fiscal que se discutió en la Cámara de Diputados considera una opción para regularizar estos vehículos en el país.
El artículo transitorio décimo séptimo del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2022 considera la regularización de autos usados importados en la frontera con los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, como ingresos excedentes para la Federación.
Regularizar esos automóviles importados ilegalmente tendrá un costo alto para la industria automotriz. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), calcula que esta acción impactará en el alza de 20% de los vehículos nacionales.
“Los costos que esto tiene son mayores a los beneficios en cuanto a los ingresos fiscales, además de los incrementos de contaminación y accidentes que puede ocasionar antigüedades de más de diez años”, dice Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.
La diferencia de precios a los usuarios es clave en la comercialización de los autos que cruzan ilegalmente la frontera, con una diferencia de entre 30% y 50%.
Mientras que una camioneta usada en el mercado formal puede costar arriba de 200.000 pesos (arriba de 10.000 dólares), uno importado de Estados Unidos puede encontrarse en menos de 140.000 pesos (menos de 7.000 dólares). Los autos compactos o semicompactos se comercializan a precios incluso menores.
La importación ilegal de autos usados es un fenómeno que ha crecido en los últimos años y se ha visto rebasado en el último mes. De acuerdo con la AMDA, el número de unidades que cruzaron la frontera creció en 36% en agosto de este año en comparación con el año anterior y de 85% si se le compara con el mes anterior.
Solamente en el mes de agosto, el último dato disponible, 106.502 vehículos “chocolate” fueron comercializados en mercados públicos en México, principalmente en los Estados fronterizos.
Con esta medida no solamente la venta de autos nuevos y la industria automotriz se verían afectados, sino el comercio de autos seminuevos a través de plataformas e incluso, entre particulares.
La plataforma Kavak, que prioriza la venta de autos entre particulares, ha indicado que el mercado de seminuevos en México de modo legal tiene un valor de 60.000 millones de dólares en el país. “No se trata únicamente de la actividad de las distribuidoras sino todos los negocios formales de nuevos y usados o las personas que lo hacen entre familiares”, comentó Rosales Zárate.
