El diputado César Agustín Hernández Pérez, de Morena, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho al seguro del desempleo.
Esta fue una de las primeras iniciativas con las que inició la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados.
El legislador del Estado de México, reelegido para este nuevo periodo, presentó un proyecto para agregar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución.
La propuesta señala:“El Estado proporcionará un seguro de desempleo en favor de los ciudadanos, que les permita llevar una vida de Bienestar, de conformidad con la Ley de la Materia”.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la responsable de administrar este programa.
Datos del Inegi señalan que 12.5 millones de personas pedieron su empleo en 2020 a raíz de la pandemia.
“Las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan el peligro de que la covid-19 deje en el mercado laboral mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos”, dijo el legislador en su exposición de motivos.
En 2019, el Banco Mundial (BM) apuntó en un informe que el seguro de desempleo es la política pública más adecuada para mitigar las conmociones de la economía.
Pero en el país, solo la Ciudad de México tiene un programa como el que establece el Banco Mundial.
“Para nadie es ajeno que el suceso que vivimos nos está obligando a reinventarnos tanto en procedimientos, en políticas públicas, así como, en la redefinición de derechos”, apuntó César Agustín Hernández.
En ese sentido, el Congreso está obligado a crear reformas que brinden posibles alternativas ante las afectaciones en el mercado laboral.
Recursos para financiarlo
El seguro de desempleo será proporcionada por el Estado, quien dará una retribución suficiente para subsistir a quien pierda su empleo.
Una vez entrada en vigor la reforma, el Congreso de la Unión tendría 180 días para emitir la ley secundaria que regule el derecho al seguro de desempleo.
En la ley se establecerán los recursos económicos con los que financiara el programa.
César Agustín Hernández sugirió que provengan de el capital ahorrado a través de la política de austeridad republicana y por la venta de muebles e inmuebles decomisados derivados de actos de corrupción.
“Sin duda, todos coincidimos en que las insuficiencias prioritarias hoy en día son dos: satisfacer el ingreso y el acceso a la seguridad social (salud). Por ello, iniciativas como la que vengo a proponer suman al trabajo que nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador) enmarca en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues permitiría asegurar la accesibilidad a los servicios vitales, así como mantener los hogares a flote”, apunta el legislador.
Pero el documento no detalla la manera en la que operaría esta política; eso se incluirá en la ley secundaria.
El primer paso será elevar a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo y, el segundo, establecer los pasos para garantizarlo.
Por lo tanto, no menciona cómo se incluirán a las personas que laboran en la informalidad y que representan al 56% de los trabajadores mexicanos.
Otras propuestas en el tintero
El año pasado, la organización Nosotrxs lanzó la iniciativa “ingreso vital”, con la que se establecía entregar 3,746 pesos mensuales por un periodo de tres meses a los desempleados.
Esa cantidad cubriría el equivalente una canasta alimentaria y una no alimentaria y se entregaría sin importar que hayan estado en la formalidad o la informalidad.
Legisladoras y legisladores de diferentes partidos, incluido Morena, apoyaron la propuesta y presentaron proyectos de reforma para establecerlos en diversas leyes, pero no prosperó.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay son los países de América Latina y el Caribe que tienen seguro de desempleo a nivel nacional.
Con información de El Economista
