Mina de Cosalá: peleada por sindicatos y políticos; padecida por trabajadores

La pelea entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la Confederación de Trabajadores de México por la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina San Rafael de Cosalá en Sinaloa, tiene a los trabajadores en un vilo y a la empresa concesionada para su explotación a un paso de retirar su inversión de México.

Todo inició a principios de año cuando en la votación para elegir al sindicato que se quedaría con la titularidad del contrato con la empresa canadiense Americas Gold and Silver, que tiene la concesión de la mina, pero hubo desacuerdos con el conteo final.

La parte de la CTM vitoreaba el triunfo, al igual que el sindicato minero y dado lo cerrado se determinó hacer un recuento que derivó en que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje otorgara el reconocimiento al sindicato liderado por el senador Napoleón Gómez Urrutia.

En medio de los dimes y diretes para definir qué organización gremial se quedaba con el contrato, el delegado del sindicato minero Yasser Beltrán junto con un grupo de trabajadores cerraron los accesos a la mina, se declararon en huelga bajo el argumento de no contar con las condiciones mínimas de seguridad para trabajar y desde entonces no ha producido nada.

La demanda principal es el reconocimiento del sindicato minero como titular del contrato colectivo, pero también exigen atención a las malas condiciones laborales de los empleados que son sobre explotados, hay inseguridad laboral, perciben bajos salarios que oscilan en 250 pesos por jornadas de 12 horas, la mina no tiene salidas de emergencia, no hay seguridad social, entre otras irregularidades que impactan no solo al personal, sino a las comunidades aledañas. Además la minera diversificó la contratación de personal a través de cuatro empresas outsourcing que registraron a los empleados ante el IMSS con el salario más bajo y solo dos, con el salario real.

Dicha situación incumple con los términos del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la empresa podría ser sancionada.

Según información del sitio oficial de la minera operan en 67 minas concesionadas que abarcan una extensión de 19 mil 385 hectáreas.

Darrel Blasutti, presidente de la minera, advirtió hace unos meses que demandará al gobierno mexicano por no garantizar el estado de derecho y sus inversiones; además de anunciar que se irá del país tras pérdidas superiores a los 20 millones de dólares y la pérdida de 300 empleos desde que está bloqueada la mina.

“La compañía no tolerará agresiones a sus trabajadores y no será cómplice de ningún mecanismo que pretenda desde la ilegalidad convertir en legal el atropello del que ha sido objeto desde hace meses. Menos aún, cuando transgreda los tratados internacionales, particularmente el T-MEC”, expuso la minera canadiense.

El tema llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 2 de diciembre, donde le cuestionaron sobre la falta de atención por parte del gobierno a una denuncia presentada desde el mes de marzo de este año.

“Yo pensaba que ya se había resuelto, vamos a revisarlo. Es un asunto que tiene que ver con diferencias sindicales, vamos a buscar la solución”, señaló.

AMLO giró instrucciones para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y especialmente su  titular, Luisa María Alcalde atienda el asunto.

En tanto, Gómez Urrutia, líder sindical de los mineros y quién cuenta con la simpatía del primer mandatario, envío un oficio al presidente para exponerle su versión de los hechos, culpa a la empresa de despedir durante la huelga y de manera arbitraria a todos los miembros del Comité Ejecutivo Local del sindicato, y ninguna autoridad local o federal defendió sus derechos.

Señaló directamente a las secretarías del Trabajo y Economía de “no observar la resolución, decisión, trabajo metódico y firmeza para ordenar el mundo del trabajo” y no ve voluntad de dichas autoridades para aplicar la ley.

Sostiene que su sindicato ganó la titularidad del contrato y sin embargo, la empresa no los quiere reconocer y por ello, piden el retiro de la concesión.

“Es necesario sentar el precedente de que no se tolerará el incumplimiento a la Ley, se requiere actuar de manera firme y contundente, si la empresa se niega, se les deberá cancelar la concesión. Existen muchos empresarios con dimensión social que estarían dispuestos a invertir”, señaló.

Entre los nombres de quienes tienen interés por mantener en conflicto la mina, se revelaron los nombres de Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación: senador Rubén Rocha Moya; el líder de la CTM Javier Villareal y el diputado del PRI Carlos Pavón.