Outsourcing a un suspiro de salvarse de AMLO

La prohibición del outsourcing en México que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador se topó con varios obstáculos que la harían inviable, impopular y simplemente imposible de ejecutar, por lo tuvo que recular, suavizar su tono y posiblemente quedará como una regulación severa hacia las empresas que ofrezcan este tipo de servicios.

Apenas el pasado 27 de octubre anunció en su conferencia mañanera el envío de una iniciativa al Congreso de la Unión para legislar el tema lo que alborotó al sector empresarial, al sindical y al menos a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, pues de ocurrir violaría las obligaciones que tiene nuestro país en el tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, en cuanto a no discriminar los esquemas de contratación.

“Se disminuiría la competitividad, las empresas afectadas ya no querrán invertir en el país. Los estados miembros del TMEC se comprometieron a no rechazar ningún esquema laboral al prohibir el outsourcing en México, se estaría incumpliendo y nuestro país podría ser sometido a llamado Panel de Expertos que determinaría sanciones contra el país”, detalló Damián Ochoa, analista económico,

Explicó que la contratación bajo el esquema de subcontratación ha permitido a muchas empresas elevar su productividad y con ello tener igualdad de condiciones para estar a la altura de empresas de los otros dos países, por lo que debe continuar pero con una regulación eficiente.

En entrevista, el especialista comentó que el costo social para el gobierno sería alto, pues miles de personas se quedarían desempleadas ante la imposibilidad de las empresas para contratarlas directamente y el próximo año hay elecciones intermedias que debe ponderar.

“Las iniciativas del gobierno hay que verlas siempre desde dos ángulos, porque a veces buscan solo generar polémica para terminar con otra solución y seguir encantando a los posibles votantes. Si prohíben ahora el outsourcing 5 millones de mexicanos se van a la calle, si solo regula a las empresas, queda como el salvador de todos esos empleos”, apuntó en entrevista.

Bajan guardia en Palacio Nacional

El desalentador escenario en que cayó la iniciativa del presidente, con el reporte del Coneval del 44.54 por ciento de la población en pobreza laboral, el desempleo estacional de fin de año, el provocado por la pandemia por Covid19, provocó que en Palacio Nacional cambiara el tono combativo respecto al tema.

Por ello, en la conferencia mañanera de López Obrador del pasado 23 de noviembre reconoció estar en conversaciones con la iniciativa privada para hacerlos entender que el objetivo de la medida es evitar abusos, y a su vez, se dijo dispuesto a realizar las modificaciones necesarias.

“Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de Diputados. El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requieran, y en el resto de las actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores. Sí (habrían ajustes), pero deben probar que no abusan”, dijo.

Según datos oficiales, en la Reforma Laboral de 2012 la subcontratación se introdujo como figura lo que permitió un crecimiento anual de 200 mil trabajadores, principalmente en industrias manufactureras, de turismo y de servicio, pero al intuir malos manejos, el gobierno realizó siete mega operativos de inspección en todo el territorio nacional, a un total de mil 200 empresas en las que identificaron a 862 mil trabajadores a quienes les estaban violando sus derechos laborales con anomalías como las antes mencionadas.

Ante esto, la propuesta de reforma en materia de subcontratación se basa impedir la operación de este tipo de empresas, sancionar a quienes utilicen sus servicios imputándoles defraudación fiscal ya que los trabajadores que bajo esta modalidad están registrados en las instituciones de seguridad social del país (IMSS e INFONAVIT) con salarios menores a los que realmente reciben, lo que afecta su pensión, fondo de vivienda, al ser despedidos las liquidaciones e indemnizaciones son menores, así como incapacidades, licencias de maternidad o accidentes de trabajo.

Aluden también que hay una simulación en la relación laboral ya que no hay un patrón oficial y por lo tanto no hay reparto de utilidades, no se pueden sindicalizar y tampoco generan antigüedad.

CTM pide combatir malas prácticas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se manifestó a favor de la iniciativa sobre outsourcing de López Obrador, pero pidió considerar primero un análisis serio que ayude a que los ajustes a la ley permitan combatir las malas prácticas de esta figura de subcontratación laboral.

“Debe darse un análisis legislativo antes de aprobarse por el pleno de los diputados, pues existen muchas empresas de este tipo que sí cumplen con sus pagos y obligaciones de seguridad social correspondiente y de cierta forma han permitido, en los últimos 10 años, una mayor generación de empleos”, expuso la organización liderada por el senador Carlos Aceves del Olmo.

Indicó que el objetivo de la reforma, que contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) permitirá vigilar y garantizar los derechos laborales, por lo que insiste en optar por la regulación.

“Los sindicatos de la CTM la apoyan (la iniciativa) pero se debe dejar claro que no se trata de una eliminación generalizada de esta figura del outsoucing, sino de una mejor regulación y exhorto formal de operar en el marco de la ley, cumpliendo con todos los requerimientos. Si los empresarios piden se dé una aplicación gradual, deben ser escuchados y atendidos por los senadores y diputados, a fin de que no sea pretexto para despedir trabajadores, sobre todo en estos momentos tan complicados para la economía mexicana”, señaló la CTM.