En pie de lucha

El outsourcing, un mal necesario

Hasta el año pasado se estimaba que en México existían alrededor de 8 millones de trabajadores laborando a través de la subcontratación

Una figura que causa polémica entre empresarios, gobierno, sindicatos y trabajadores, es la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, que el gobierno federal quiere desaparecer porque considera que se violan derechos de trabajadores y se evaden obligaciones fiscales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso para eliminar esta figura, que a finales de 2012 fue incluida en la Ley Federal del Trabajo para facilitar a empresas su manejo fiscal, laboral y de seguridad social.

Quizá sería bueno conocer bien qué es el outsourcing, también conocido como subcontratación o tercerización.

Es un esquema que permite contratar personal a través de una empresa mediadora, normalmente ajena a la compañía en la que el empleado trabajará.

De esta manera, una firma de este tipo se dedica a reclutar, seleccionar y administrar recursos humanos, y estos trabajarán para distintos negocios bajo supervisión, indicadores de eficiencia y estándares de calidad.

La empresa de outsourcing se responsabiliza de la logística del personal, sus resultados y sus prestaciones laborales, e involucra a tres personas: un patrón, un beneficiario del servicio y un trabajador.

Quienes se encuentran contratados bajo este esquema tienen derecho a prestaciones como antigüedad, seguridad social, aguinaldo, Afore, Infonavit, vacaciones y  prima vacacional, por ejemplo.

En teoría, la subcontratación no afecta los derechos de los trabajadores, aunque algunas empresas dedicadas a esa actividad la usan para evadir impuestos, al no registrar a su personal ante el IMSS ni pagarles utilidades.

En síntesis, con este esquema las empresas pueden contratar los servicios de compañías externas para que les provean de recursos humanos, quedando exentas de las obligaciones que conllevan las relaciones empresa-empleado, que serían absorbidas por los prestadores de ese servicio.

Hasta el año pasado se estimaba que en México existían alrededor de 8 millones de trabajadores laborando a través de la subcontratación, lo que según el gobierno representa una pérdida de 50 mil millones de pesos para el Seguro Social.

Y es que la falta de supervisión oficial propició que las compañías evadieran sus obligaciones legales en materia de outsourcing.

Una de las prácticas más comunes consiste en no declarar el sueldo real de los empleados; usualmente se reporta un ingreso menor para reducir las cuotas al IMSS y al Infonavit, por ejemplo.

Pero no todas las empresas dedicadas a la tercerización incumplen con las obligaciones laborales ni fiscales, y los expertos advierten que la desaparición de este mecanismo afectaría a muchos empleados.

Aunque la iniciativa de López Obrador para desaparecer el outsourcing puede tener un fondo positivo para combatir la evasión fiscal, desaparecer ese esquema de contratación trastocaría la productividad , desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida de empleos formales.

Si se concreta esta iniciativa desaparecerían por lo menos seis mil empresas de subcontratación, que generan cinco millones de empleos formales.

Las reformas que permitieron el outsourcing tenían como objetivo quitar a las empresas la carga administrativa de su personal, mediante un contrato con una empresa externa que pagara los pagos a los trabajadores, cubriera su Seguro Social, Infonavit y demás prestaciones.

Este esquema dio un respiro a las compañías y les permitió aumentar sus plantillas laborales y concentrar más recursos en sus inversiones para crecer, pues no tenían sobre sus hombros las carga social que representa una nómina.

Se estima que mediante el outsourcing una empresa puede contratar hasta cuatro trabajadores en lugar de uno, si tuviera que hacerse cargo de todas sus prestaciones.

De hecho esta es una práctica común en varias partes del mundo, e incluso está aceptada en el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, cuyas empresas tienen contratos laborales que les descargan el costo de administrar personal.

Si en México se prohíbe esa práctica, las empresas de este país estarían en desventaja ante sus pares de los países de Norteamérica, pues sus costos de producción aumentarán, o en su defecto tendrán que operar con menos personal.

Los empresarios mexicanos opinan que si desaparece el esquema de subcontratación se ahuyentará la inversión, debido a que la carga social de los trabajadores en México es muy alta, y a veces la única forma de operar para las empresas.

Si el outsourcing es un esquema legal en varios países, ¿por qué en México tendría que desaparecer, como propone el presidente?

Quizá lo que se necesite sea que haya una inspección laboral más estricta y que se castigue a los que incumplen y evaden al fisco.

O sea, que se reglamente la subcontratación y que se vigile más su operación, pero que no desaparezca porque no solamente va a afectar a las empresas, sino a los propios trabajadores, que en una de esas se quedan sin sus empleos.

La Coparmex asegura que la desaparición del outsourcing afectaría la recuperación económica, y que al prohibirlo se perderían empleos legítimos debidamente remunerados que impulsan la recuperación económica.

Ah, por cierto, el outsourcing también existe en el gobierno, y si desaparece seguramente también habría despidos de burócratas, así que el tema es muy complicado.

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