A finales de agosto, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) acordó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reducción de años de servicio y edad para jubilarse. La medida resultaba atractiva para un buen porcentaje de la plantilla laboral y evidentemente fue bien recibida por el gremio, más no por el sector patronal, en especial la Coparmex, que reclamó el privilegio otorgado y aseguró que pondría en peligro la viabilidad financiera de la empresa.
“La CFE acepta modificar el contrato para establecer una pensión desproporcionada. Con esta medida el Gobierno establecería de facto una distinción perversa que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de primera y de segunda categoría”, señaló Coparmex, liderada por Gustavo de Hoyos.
De acuerdo a las nuevas condiciones contractuales, se reduciría los años de servicio y edad para acceder a una jubilación; las mujeres podrán hacerlo tras 25 años de servicio sin importar la edad y para los hombres se establece 25 años y 55 años de edad, o bien 30 años de servicio sin importar la edad.
Coparmex acusó a la CFE de congraciarse con los trabajadores estimulando una jubilación pronta con el objetivo de obtener su simpatía de cara a los procesos electorales previstos para los siguientes meses en diferentes estados de la República y para la elección intermedia del año entrante, en donde se renovarán la Cámara de Diputados e importantes cargos de gobierno.
“Se trata de una medida que nos regresa a los tiempos de las pensiones de privilegio. Los pensionados de la CFE actualmente cuentan con mejores condiciones que la gran mayoría de los pensionados de nuestro país. Un pensionado promedio de CFE recibe una pensión 8 veces mayor que un trabajador promedio del IMSS. El Gobierno gasta 4.8 veces más en un pensionado de la CFE que en uno del ISSSTE. Un pensionado promedio de la CFE recibe 803 mil pesos al año, mientras que los beneficiarios del Programa de Pensión a Adultos Mayores reciben una pensión anual de 15 mil pesos”, detalló la confederación liderada por Gustavo de Hoyos.
La CFE se defendió de las acusaciones de Coparmex y aseguró que los supuestos privilegios son “derechos adquiridos resultado de una lucha histórica de los trabajadores y que en su momento les fueron despojados”, según el comunicado emitido a la opinión pública.
“No son privilegios otorgados, son derechos adquiridos, resultado de una lucha histórica de los trabajadores de la CFE ganados a pulso y que, en su momento, les fueron despojados. Restituir tales derechos es un mandato presidencial cumplido a cabalidad. De ninguna manera se establece un régimen de privilegios ni distinción alguna que divida a trabajadores de primera y segunda categoría, simplemente se rescatan derechos laborales contemplados en la Constitución”, fue la respuesta de la CFE firmada por Coordinación de Comunicación Corporativa.
La confederación patronal estimó que para cumplir con el pago de las pensiones negociadas con el SUTERM la CFE tendrá que recurrir a la deuda o al encarecimiento del servicio y así recibir mayores ingresos para hacer frente con la prestación a la que más trabajadores accederán.
Lo cual demuestra el presupuesto de egresos para el 2021 que prevé el pago de 47 mil 146 millones de pesos por concepto de pensiones para alrededor de 45 mil jubilados, lo que representa casi la misma cantidad que la empresa invertirá en proyectos de infraestructura, mantenimiento, adquisiciones, entre otros.
La CFE respondió que “cuenta con la solvencia para cumplir con el compromiso adquirido en materia de pensiones y jubilaciones; la hacienda pública no se ve vulnerada gracias a que, los mecanismos implementados en esta administración, le permiten contar con la liquidez suficiente para ello y para rescatarla del desmantelamiento deliberado de la que fue objeto”.
Lo ocurrido desató una ola de dimes y diretes entre los involucrados y según reporte de la propia empresa, derivó en la reducción de las pensiones más onerosas, las llamadas “pensiones de oro”, que oscilaban en su mayoría entre los 100 mil y 300 mil pesos mensuales.
Informes de la empresa detallan que el pasado mes de julio destinó 450 millones 973 mil pesos para el pago de 49 mil 776 jubilados, lo que representó una disminución de casi el 80 por ciento de los recursos que se asignaron en el 2019.
Hasta el momento, los afectados con la reducción de las “pensiones de oro” no han manifestado públicamente su inconformidad e incluso, hubo quienes ya no recibieron el pago de pensiones este año, cuando el anterior sí las obtuvieron, sin razones aparentes como el fallecimiento o renuncia tácita a ésta.
