Investigaciones especiales

Maquiladoras desafían al COVID-19

Por la muerte de un trabajador a causa de coronavirus o por la falta de insumos las maquiladoras de la zona fronteriza han detenido actividades durante la emergencia sanitaria, ya que el resto del tiempo han operado de manera habitual exponiendo la salud de todo el personal.

Contrario a las indicaciones de las autoridades locales, estatales y federales, pero a la vez, ante la inacción de éstas, empresas de actividades no esenciales que surten de insumos a industrias en Estados Unidos continuaron sus operaciones en ciudades de Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Sonora.

Sindicatos obreros en la zona denunciaron que los parques industriales no cerraron durante este tiempo y las empresas aprovecharon la falta de lineamientos de operación claros para reducir salarios, prestaciones e incumplir con la protección sanitaria básica de la plantilla.

Susana Prieto, abogada laboral y líder de la comunidad de maquiladores en Matamoros, dijo que reportaron ante las autoridades de cada estado la operación de las empresas y no les hicieron caso.

“Las autoridades no movieron un solo dedo para que la industria se cerrara, hicimos varias denuncias y no fuimos escuchados, entramos a las mañaneras (de AMLO) y fue imposible que nos hicieran caso. Se presentó una carta en el Senado, en los congresos locales y la maquila no paró. La realidad ninguna empresa maquiladora respetó el decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, por eso encabezamos las listas de muertes y contagios”, detalló en entrevista para RS Sindical.

Según el reporte del gobierno federal, en la primera semana de junio, las ciudades fronterizas en donde la actividad maquiladora es la principal actividad productiva los casos confirmados de COVID19 eran de los más altos en todo el país, al igual que las defunciones, apenas rebasados por las cifras de la Zona Metropolitana del Valle de México en donde la crisis sanitaria es mayor.

Pese al escenario sanitario, la actividad obrera en la zona fronteriza calculada en alrededor de 6 mil empresas maquiladoras, 90 por ciento de ellas extranjeras, no se detuvo con el argumento por parte de los patrones de “continuar para no perder la fuente de empleo”, según denuncias hechas por los obreros a través de sus redes sociales, obligándolos a acudir a las fábricas, sin los protocolos de distanciamiento e higiene necesarios lo que expuso la salud del personal llevando a varios a la muerte.

En el sector se normalizo trabajar bajo riesgo hasta que comenzaron las muertes.

El caso más relevante, hasta el momento, fue de la planta maquiladora Lear en Ciudad Juárez, dedicada a la fabricación de arneses y costuras para asientos de autos. Empleados aseguran que tras la visita sin protección ni medidas de seguridad de una delegación de alemanes representantes de Mercedes Benz, en pleno pico de la pandemia en Europa, comenzaron los contagios entre los empleados ahí.

De uno en uno manifestaban síntomas y la atención médica en la planta los diagnosticaba como alergias o gripe. Empezaron tres, murieron al final 30 personas, lo que obligó a la empresa a cerrar temporalmente, para sanitizar las instalaciones.

Sin embargo, personal denunció que el cierre respondió a la falta de insumos para la producción y a la vez, al exceso de otros productos que no podían mover ante la paralización de la industria en Estados Unidos en donde la contingencia se decretó antes y a donde se envía el material que fabrican.

Los decesos continuaron en empresas maquiladoras como Regal, Electrolux, Electrocomponentes de México, Foxconn, Toro Company, Columbus, además de choferes de transporte de personal y aún así, las actividades continuaron.

A la par del cierre de Lear vino el cierre de maquiladoras como Aptiv y Adent, todas relacionadas con insumos para la industria automotriz que evidentemente no son esenciales, las cuales enviaron a casa a cerca de 350 mil trabajadores con solo el 50 por ciento de su sueldo, que para un maquilador representa en promedio 350 pesos a la semana, lo que llevó a muchos al borde de la pobreza ya que en un inicio eran dos semanas y terminaron siendo seis semanas sin trabajar.

“Los mandaron a morirse de hambre a sus casas porque o firmaban los convenios donde les reducían el salario y prestaciones para esas dos semanas, o tenían que firmar su renuncia, no había ninguna opción”, añadió Prieto.

Con el inicio de la “Nueva Normalidad”, Lear retomó operaciones con supuestas medidas de sana distancia y constante higiene para evitar más contagios, ofreciendo servicio de transporte exclusivo para el personal para limitar su exposición y con espacios alternos para realizar sus labores.

La maquiladora Aptiv, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, retomó actividades también a principios de mes y recibió a sus trabajadores con la noticia de su liquidación con menos de la mitad de lo que corresponde por ley y debido a la carencia que vivieron los empleados en semanas previas, aceptaron lo que les dieron.

En tanto, a quienes mantuvieron sus puestos de trabajo recibieron de la empresa mascarillas y cubrebocas pero no hay sana distancia entre cada individuo, tal como lo indican los lineamientos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras que representa a los trabajadores de dicha empresa advirtió que tampoco se realizaron las adecuaciones al interior de las instalaciones para evitar el contacto entre las personas, por lo que siguen todos amontonados, en espacios pequeños, solo que ahora cubiertos de la cara.

Las pérdidas de empleo con el regreso de actividades se estiman en al menos el 30 por ciento de las plantillas laborales, según cálculos de la Asociación de Maquiladoras, Index.

Como parte de los lineamientos de higiene y seguridad para el regreso a las actividades laborales, emitidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), las empresas deben realizar pruebas de detección en casos sospechosos, y tan solo en los primeros días de reapertura en la empresa que elabora partes de los celulares ZTE, cinco empleados dieron positivo.

Según reportes de medios locales, en la fábrica Anbec, tanto empleados como visitantes no guardan la sana distancia ni hay filtros en el ingreso.

En tanto, en la planta maquiladora SMTC, ubicada en el Complejo Industrial Las Américas, también en Chihuahua, cinco empleadas también dieron positivo, según informó el secretario general de la CTM en la entidad, Jorge Doroteo Zapata García.

La Secretaría de Salud Federal, en especial el subsecretario Hugo López Gatell, advirtió que el regreso a actividades en pleno semáforo rojo, podrá traer un rebrote de la enfermedad, sin que aún se haya controlado el primero, lo cual ya se está reflejando en el sector obrero de la frontera del país.

Sin verificaciones

Las verificaciones que realizó la STPS durante la Fase 3 de emergencia sanitaria, en la que se debieron suspender todas las actividades, no sirvieron de mucho ya que solo acudían a empresas o establecimientos donde uno de sus trabajadores ya hubiera muerto por COVID, de lo contrario, no se aparecían.

“Caído el muerto había intervención de la STPS, hasta ese momento”, reclamó la abogada laboral Susana Prieto.

En las empresas que “cachaban” operando les suspendían operaciones de tres días a dos semanas como máximo, según el número de muertos. 

En ese tiempo sanitizaban las instalaciones y calmaban los ánimos de los trabajadores, pasando eso, regresaban como si nada hubiera pasado. 

La resistencia a cumplir con los cierres por la emergencia sanitario fue tal, que la Secretarías de Gobernación (Segob), del Trabajo y el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), llamaron a la industria maquiladora y autoridades locales a cumplor con las medidas sanitarias y acatar las suspensiones “al tratarse de una situación extraordinaria” y para evitar que se incrementen las afectaciones de los procesos productivos.

Los sindicatos calculan que el 5 por ciento de las empresas que no respetaron la cuarentena fueron sancionadas por la autoridad, mientras que el resto continuó con sus labores poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

¿Y los patrones?

La mayoría de las empresas maquiladoras que operan en la zona fronteriza son plantas de empresas transnacionales, por lo que las decisiones de operación se rigen según el país de donde provengan.

Es por ello que aprovecharon para “sentirse mexicanas” y esperar a que se decretaran medidas contundentes en torno al sector, lo cual no ocurrió, pero al sentirse acorraladas, defendían su condición de “inversión extranjera” y se escudaban en las determinaciones de su país, para casi todas, Estados Unidos.

Sin embargo, los empresarios mexicanos, representados por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reconoció que en la zona norte del país la actividad productiva no se detuvo priorizando el trabajo a distancia.

Eduardo Ramos, presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Ciudad Juárez, explicó que priorizaron la conservación de empleos y el ingreso de la gente.

“Aquí la industria es muy consciente de la situación y lo que no se quiere es que se pierda el trabajo y tampoco que el trabajador pierda el ingreso, pero algunos no están siendo conscientes de que se les está pagando para que se queden guardados y está llegando el extremo de más riesgo desde casa, que desde el trabajo”, indicó a RS.

Destacó que las empresas que pudieron implementaron el trabajo desde casa y las que ya lo habían experimentado en otras partes, solo lo adaptaron a la realidad mexicana con buenos resultados.

“Al garantizarle su sueldo, se le puede estar exigiendo que entregue un producto del trabajo”, indicó.

Reconoció que los proveedores de la industria maquiladora ya han tenido problemas  severos de liquidez y algunos de solvencia porque tienen que seguir gastando cada semana nómina y los ingresos que es la maquila paga a 60 o a 90 días.

COVID debe ser riesgo de trabajo

Al pasar la pandemia, si es que alguna vez ocurre, será necesario que se ajuste la normatividad en materia laboral para incluir al coronavirus y otros padecimientos semejantes como riesgos de trabajo.

Hasta el momento la incapacidad laboral para un paciente diagnosticado con Covid19 es de  14 días y se considerada como enfermedad general, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo paga el 60 por ciento del salarios, ocasionando en los trabajadores, además de una pérdida en su salud, el 40 por ciento restante de su ingreso por un contagio que tuvo en el entorno laboral.

“El IMSS expidió incapacidades automáticas vía electrónica solo presentando los comprobantes de positivo y a los trabajadores solo les pagan el 60 por ciento de su trabajo, quiere decir que el COVID nunca ha sido considerado como una enfermedad de trabajo”, señaló la abogada Prieto.

El escenario para el que no estaban preparados ni el gobierno, ni las empresas, es que al obligar a ciertos sectores productivos a reiniciar actividades en el país, bajo el argumento de reactivar la economía, se expone la salud de los trabajadores y en caso de ser contagiados por el virus tendrá que considerarse la enfermedad como riesgo de trabajo y pagar la incapacidad correspondiente al 100 por ciento de su salario reportado ante la autoridad.

Otro ajuste legal que se debe contemplar es el estrés que significa para la gente acudir a sus centros de trabajo con el temor de contagiarse, y más aún para el personal de hospitales, desde médicos hasta administrativos, quienes están en contacto con pacientes graves por el virus.

Con el regreso a la nueva normalidad, han habido quejas de personal que mientras espera en la fila para pasar los filtros sanitarios sufren crisis de ansiedad por el temor a resultar contagiados.

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