Zozobra burocrática, por despidos
Los despidos masivos en el gobierno federal, han provocado incertidumbre y pánico.
El sobresalto surgió desde el momento en que el presidente anunció que los trabajadores de confianza del gobierno federal estaban en la mira, ya que durante su administración reduciría el 70% de la plantilla laboral de los empleados de confianza.
Al encenderse las luces de alarma, hubo además un mensaje que incrementó la inquietud: Los que se queden tendrán cambios en sus horarios, prestaciones y sueldos.
El temor ha crecido al conocerse el Proyecto de Presupuesto para 2020, que se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados.
Ahí, está reflejada la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de continuar con las medidas de austeridad iniciadas este año con la cancelación de más plazas.
La zozobra impera en las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Energía, de Agricultura y de Turismo. El gobierno se propone para el año 2020 recortar cuatro mil 85 plazas en seis dependencias responsables de la ejecución de la política económica.
Contraria y paradójicamente el presidente López Obrador pregonó que analiza un segundo aumento en el salario mínimo.
A manera ilustrativa, debe precisarse que en la Secretaría de Hacienda, la responsable de las finanzas públicas del país, serán recortados mil 48 burócratas de los 54 mil 559 con que cuenta hasta ahora.
De los despidos en la dependencia a cargo de Arturo Herrera, quien de manera férrea se presentó ante los diputados, casi la mitad serán del sector central. Pero incluye el órgano desconcentrado que será el más afectado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que deberá suprimir 101 plazas, de las más de mil 700 autorizadas para este año.
Contrariamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conservará casi intacta su estructura, al perder sólo 26 plazas. De acuerdo con el secretario de Hacienda, este organismo será un actor relevante en 2020 para lograr las metas de recaudación y para ello contará con facultades adicionales para combatir la elusión y evasión fiscal.
En otro frente, también vulnerable, está contemplado que el Banco del Bienestar, antes Bansefi, podrá superar los planes de austeridad, ya que de acuerdo con la propuesta de Hacienda no perderá una sola de sus plazas.
Esa institución tiene a su cargo la dispersión de algunos de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que son prioritarios y que algunos partidos de oposición como el PRD han cuestionado porque consideran que es utilizado con fines electorales y para difundir la imagen presidencial.
Apenas debutante, el Instituto de Administración de Bienes y Activos (o Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado), antes denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, recortará 70 plazas para quedarse con 596.
TIJERA EN ACCIÓN
La vacilación aumenta porque en términos reales la Secretaría de Hacienda será una de las que más plazas recorte, aunque porcentualmente será la Secretaría de Turismo la que sufrirá el mayor ajuste, donde se afectará a más del nueve por ciento del personal con que cuenta actualmente.
Conforme a los vaticinios y al analizar el proyecto de presupuesto, la dependencia que encabeza Miguel Torruco será la segunda más afectada. Gobernación enfrentará el mayor recorte presupuestal el año próximo, con un 43 por ciento.
Así mismo serán las secretarías de Economía y de Agricultura, las que deberán cancelar seis y cuatro por ciento de su personal.
Los números señalan que Energía y Comunicaciones y Transportes tienen prevista una reducción de 2.6 y 1.5 por ciento de las plazas que fueron autorizadas en este 2019.
En cifras absolutas, el Paquete Económico para el año 2020 proyecta el despido de mil 226 empleados de la Sader, de 760 en la SCT, y más de 500 en Economía.
La desconfianza y la inseguridad laboral crece al descubrir que además del ajuste a la burocracia en esas dependencias, la propuesta de Hacienda, pronostica un fuerte recorte a la estructura de los órganos reguladores nacidos a partir de la reforma energética.
Las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos perderán 16 y 24 por ciento de su plantilla de trabajadores, cada una.
Pese a los buenos augurios que se esperaban en el ramo energético, mil 603 plazas serán suprimidas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y, como si se tratara de una película de suspenso, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública informaron a las dependencias de la Administración Pública Federal que información de los despidos a servidores públicos de carrera estará reservada.
Quien pretenda conocer las cifras totales de los despidos, deberá esperar cuando menos un año.
Ver para creer, en el oficio SSFP/408/0122/2019, se pormenorizaron los lineamientos a seguir para cubrir los despidos de la burocracia de carrera durante el ejercicio fiscal 2019.
“Con el propósito de preservar el procedimiento de la toma de decisiones y la correcta administración de la función pública, estas Unidades clasificarán la información que se derive de las presentes disposiciones con carácter de reservada por el plazo de 12 meses contados a partir de la emisión del presente oficio”.
Teóricamente las dependencias entregarían tres meses de sueldo mensual bruto “sobre la base del sueldo base, y en su caso, de la compensación garantizada”, y veinte días por cada año de servicios ininterrumpidos.
Para ello, Hacienda y la SFP señalaron que los recursos se cubrirán a partir del “Programa de Separación Laboral” del Ramo General 23.
INSTRUMENTOS LEGALES
Conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, existen principios básicos a los que los trabajadores pueden acogerse.
En primer lugar, tiene derecho a demandar dos rubros básicos, que son el pago de:
- Tres meses de salario por concepto de indemnización Constitucional.
- La prima de antigüedad, que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, tomando como base para el pago de esta prestación el doble del salario mínimo, en caso que el trabajador perciba un salario superior a este.
Además, tienen derecho al pago de las partes proporcionales de:
- Aguinaldo.
- Vacaciones y prima vacacional.
- Prestaciones que hayas generado y que no te hayan cubierto aún.
Pero en caso que no te interese el pago de las prestaciones mencionadas, tienes derecho a demandar que te reinstalen en tu puesto con los mismos términos y condiciones que venías desempeñando, además de:
- El pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que se generen hasta la fecha en la que seas físicamente reinstalado.
- El reconocimiento de la antigüedad durante todo el tiempo que dure el juicio.
- A los ascensos escalafonarios (subir de nivel en tu empleo).
- A los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la fecha en la que seas realmente reinstalado.
- A la continuación del pago de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.
Los 10 derechos que tienes y que la empresa debe cumplirte están fundamentados en los Artículos 48, 87, 79, 80, 162 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Si el despido es injustificado, el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario a la fecha en que se realice el pago (Artículo 48 de la LFT).
A partir de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional del año de 1984, mediante la cual se agregó un tercer y cuarto párrafos al artículo 122 de dicho ordenamiento legal, se dio vida jurídica a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La finalidad es bastante clara: brindar asesoría y representación legal, en forma gratuita, a los trabajadores al servicio del Estado o sus beneficiarios que lo soliciten, en los asuntos de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Además, existe como instancia la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado que es una unidad del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que tiene como finalidad primordial, defender en forma gratuita, los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, así como a sus beneficiarios.
En los preceptos que esa instancia contempla, se establece:
¿CUÁL ES EL MARCO LEGAL DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO?
— Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
— Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
— Ley Federal del Trabajo
– Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
¿CÓMO ESTÁ INTEGRADA LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO?
Está integrada por un Procurador, dos Subprocuradores, un Coordinador y el número de Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado y sus beneficiarios.
¿QUÉ SERVICIOS PRESTA LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO?
Los principales servicios que proporciona la Procuraduría son:
— Brinda asesoría laboral
— Representa a los trabajadores al servicio del Estado y a sus beneficiarios
— Elabora demandas y contestaciones de demanda en los asuntos en los que los titulares demandan la autorización para cesar los efectos del nombramiento
— Comparece a las audiencias que se programen en los juicios a su cargo
— Promueve incidentes y atiende los procedimientos laborales hasta su conclusión
— Interpone los recursos ordinarios y el juicio de amparo, cuando resulte procedente
¿EN QUÉ ASUNTOS PUEDE INTERVENIR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO?
Entre otros asuntos de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría participa en:
— Conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal o sus órganos desconcentrados y sus trabajadores.
— Asuntos relativos a trabajadores que pertenezcan al servicio profesional de carrera o al servicio profesional docente.
— Conflictos laborales entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores.
— Designación de beneficiarios y demandas relativas a prestaciones de seguridad social, siempre y cuando los trabajadores hubiesen cotizado al ISSSTE.
En conclusión, los trabajadores al servicio del Estado cuentan con instrumentos jurídicos y legales que, en teoría, pueden ser un elemento a favor para evitar ser objeto de arbitrariedades.
