Por más que Juan Ayala Rivero ejerza su derecho al pataleo y siga diciendo que él es el auténtico líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, para las autoridades laborales ya es historia.
Víctima de su propia soberbia, y de una pésima asesoría legal, el hoy ex líder de los burócratas capitalinos le quiere jugar al vivo al estirar la liga al máximo, pues piensa que aún puede chamaquear a las autoridades.
Su apuesta es que en la derrota conserve el respaldo suficiente de quienes fueron sus cómplices para chantajear a las autoridades -que por cierto deben apretar para darle la puntilla- y conservar una tajada del pastel.
Ayala Rivero fue notificado el 30 de junio del fallo en su contra, luego de una coalición de trabajadores impugnó ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje su reelección anticipada, que hizo desde 2017.
Esa reelección lo facultaba a ejercer por tercera vez consecutiva la presidencia del SUTGCDMX -del 10 de julio de 2019 al 10 de julio de 2023-, pero al final la jugada fue calificada como ilegal por las autoridades laborales.
Luego de recibir la notificación, extrañamente no recurrió al amparo ni se allanó, como se lo aconsejaron incluso dirigentes de la FSTSE; sólo envió un escrito de inconformidad, pero sin ningún valor jurídico.
A pesar de esa notificación, Ayala Rivero y sus seguidores convocaron a un consejo extraordinario, en el cual rendiría su informe al frente de la organización sindical y sería ratificado como dirigente.
Dicen que incluso ante el temor de que los secretario de diversas secciones sindicales le dieran la vuelta, intentó reventar la reunión para que todo quedará como se dispuso hace dos años, pero le falló.
Sus adversarios modificaron el orden del día y la asamblea decidió votar en el primer punto por la elección de un nuevo dirigente, responsabilidad que recayó en Héctor Castelar por un periodo de seis meses.
Con ello quedó sin efecto la reelección anticipada y su última esperanza de aferrarse al puesto quedó sepultada.
El nuevo dirigente y su comité -que también es nuevo- tienen seis meses para modificar los estatutos de la organización sindical para que armonizarlos con la Reforma Laboral, aprobada por el Congreso en 1 de mayo pasado.
Esa reforma obliga a los sindicatos a organizar sus elecciones con la participación de todos los trabajadores, a través del voto directo y secreto, para que tenga validez el nombramiento de sus dirigentes.
Aunque la remoción de Ayala Rivero como dirigente es legal, el TFCA no pudo notificarlo de inmediato debido a que se atravesaron las vacaciones de los magistrados, pero sólo se trataba de un mero formulismo.
La salida de Ayala se operó desde la Secretaría de Gobierno capitalina, pues al hoy exdirigente no le perdonan los ataques que en campaña hiciera en contra de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
A Juan le habían ofrecido una salida digna: que se fuera por su voluntad y a cambio Joel Ayala le daría un cargo en la FSTSE, además de algunos otros beneficios.
Incluso hubo una reunión privada con un funcionario del gobierno capitalino para tratar el asunto, pero las negociaciones se rompieron cuando Juan pidió 100 millones de pesos para retirarse.
Su propuesta fue calificada como inaceptable y ahora van contra él, pues ya hay un grueso expediente en su contra, que se ha estado preparando en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Le están revisando con lupa los manejos financieros que ha hecho al frente del Sindicato, sobre todo de 2016 en adelante, pues de piensa que desvió varios millones de pesos a las campañas del PRD y a altos funcionarios manceristas.
Ante las solicitudes de información, Ayala Rivero se ha negado a dar cuentas, alegando que la ley no lo obliga a transparentar el destino del manejo de cuotas, pues es un asunto interno de los trabajadores.
Pero el tema es que no le están pidiendo que transparente el destino final de las cuotas, sino de los apoyos directos que recibió del gobierno de Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018, y eso sí lo tiene que aclarar.
Debe presentar comprobantes de esos gastos, que los más conservadores estiman en 250 millones de pesos, aunque hay quienes calculan que podrían ser cerca de mil millones.
En la comprobación de esos gastos, sobre todo en la presentación de facturas, Ayala Rivero deberá tener mucho cuidado, pues si llegará a presentar documentos falsos tendría serios problemas legales.
Sobre todo ahora que el SAT está en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien directamente ha ordenado que a Juan le corten la cabeza.
El primer paso en su contra está dado, pero falta la puntilla por parte del gobierno, que debe garantizar la gobernabilidad de la capital al menos los próximos seis años, si la 4-T quiere afianzarse.
La gente de Claudia Sheinbaum debe cuadrar los expedientes en contra de Juan y sus aliados, a fin de evitar cualquier intención de una rebelión interna, que podría ser de graves consecuencias para la administración capitalina.
Quien en teoría trae la operación por parte del Gobierno de la CDMX es Jorge Luis Bazaldúa, subsecretario de Capital Humano, dependiente de la Secretaría de Finanzas, que no es precisamente el mejor.
El líder destituido parece envalentonado, pues él mismo dice que detrás de él hay importantes ex funcionarios manceristas, incluso algunos son legisladores, y que le han dicho que no ceda.
Estos meses en que prepararán las elecciones internas serán vitales para consolidar el golpe en contra de Ayala Rivero y su camarilla, porque de lo contrario el tema se puede salir de control.
Lo principal es lograr que el Sindicato esté unido en torno a las nuevas circunstancias, y que los secretarios generales entiendan que lo mejor es hacer un reparto equitativo del pastel, en el que nadie quede fuera.
Y que no vale la pena aferrarse a las fantasías de Ayala Rivero de regresar al poder que ya perdió para siempre, porque si la estrategia de resistencia les falla no sólo estarán fuera del Sindicato, sino al interior de un reclusorio.
