Si bien son servidores públicos sin derecho a integrar un sindicato por la delicadeza de su trabajo, la inconformidad de elementos de la Policía Federal por la intención de cambiarlos a la Guardia Nacional tiene razón de ser.
En primer lugar, porque efectivamente nadie les preguntó si estaban de acuerdo en que los enviaran a la Guardia Nacional, donde estarán bajo un mando militar que, de entrada, los considera de menor rango que los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Con una formación especializada, muy superior a los elementos de cualquier otro cuerpo policiaco del país, los elementos de la PF se han ganado prestaciones laborales superiores debido a los riesgos que enfrentan.
Muchos de sus compañeros han perdido la vida en enfrentamientos con el crimen organizado, por lo que resultó ofensivo y denigrante el trato que el gobierno federal les quiere dar al calificarlos de fifís o de corruptos.
Que pregunten a sus viudas o sus huérfanos qué piensan de que funcionarios bisoños, que por el hecho de sentarse por primera vez en un puesto federal, deshonren la memoria de quienes dieron la vida por proteger a la sociedad.
Primero Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad Pública, dispuso de sus plazas sin preguntarles si quiera si están dispuestos a cambiar de residencia, a bajar sus pretensiones salariales o sus prestaciones sociales.
El primer error del gobierno de la llamada Cuarta Transformación fue dar por sentado que podía mangonear a su antojo a los elementos de la Policía Federal, y que ni siquiera hacía falta consultarles sobre los cambios que les afectaría directamente a ellos y a sus familias.
No les preguntaron porque dan por hecho que como son empleados del gobierno deben obedecer o, en todo caso, echarlos a la calle como lo han hecho con miles de burócratas en todo el país durante estos seis meses de gobierno.
Y está bien que si no quieren aceptar las nuevas condiciones laborales, pues que pasen a retirarse, pero con su respectiva liquidación, por cierto muy bien ganada, tan sólo por exponer su vida por todo el territorio mexicano.
Tras ese primer error de Durazo, luego los quiso desvirtuar al acusarlos de ser uno cuantos, que eran liderados por un ex presidiario sentenciado por secuestro. Después dijo eran azuzados por el ex presidente Felipe Calderón y todo se descompuso.
Lo que el secretario de Seguridad Pública utilizó como “prueba” de que Calderón estaba detrás de la rebelión de la PF fue que uno de los elementos en paro le había pedido al ex presidente que los representara.
Alguien con dos dedos de frente no hubiera creído que la gente se iba a tragar esa patraña.
Antes de esa declaración, los federales habían sido denigrados por el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien a las primeras de cambio calificó a los policías de fifís por pedir condiciones dignas de alojamiento y alimentación.
En las redes se apreciaban instalaciones sin baños, camas, y si no estaba lleno de ratas seguramente fue porque ya no había nada que comerse. Ahí pretendían alojar a los federales comisionados para detener a migrantes centroamericanos en Chiapas.
Fue una declaración desafortunada de alguien que va llegando, y sobre todo con fama de corrupto como Garduño, cercano a René Bejarano, quien lo apoyó para que llegara a dirigir el Transporte y la Policía del DF, ambos lugares con grandes entradas de dinero sucio.
El chistecito del nuevo titular del INM tuvo un alto costo, pues ahí se acrecentó la inconformidad de los elementos, quienes vieron con claridad el trato que les daría el nuevo gobierno.
Al hacer patente su inconformidad por el maltrato y por la amenaza de perder sus derechos laborales al ser enviados a integrar la Guardia Nacional, en lugar de establecer una mesa de negociación para escucharlos, se fueron contra ellos.
El propio Andrés Manuel López Obrador los calificó de ser unos cuantos “podridos y corruptos” que no merecían el apoyo por traicionar al pueblo.
Y aquí es donde los inconformes tienen razón, pues si en verdad están podridos y ya no los quieren, que los liquiden conforme a la ley, como lo pediría cualquier trabajador del gobierno que fuera despedido.
Independientemente de cómo acabe el asunto, la desconfianza hacia el gobierno de la 4-T ya quedó sembrada, pues los policías federales no son los únicos trabajadores maltratados; es una política generalizada en esta administración.
El asunto cobra una importancia especial, pues se trata de elementos entrenados en la vigilancia del país, y al recibir un maltrato de esa naturaleza lógico es que se vayan resentidos, con todo lo que ello pueda implicar.
Los federales se niegan a integrarse a la Guardia Nacional también porque tienen claro que serán siempre los últimos de la fila mientras haya un mando militar, pues los soldados y los marinos los consideran de menor rango.
Si la Armada y la Defensa Nacional siempre están en constante confrontación, debido incluso en que no confían unos de los otros, con más razón desconfiarán de la Policía Federal, y más después de que el propio presidente la considera “podrida”.
Además de la complejidad de las condiciones laborales, el escándalo desatado por los federales ha dejado al descubierto la nula capacidad política del gobierno de la 4T, que no fue capaz de reaccionar para prever y detener el conflicto.
La Guardia Nacional fue vendida como la gran esperanza para que los mexicanos puedan hallar la seguridad y la tranquilidad que han perdido desde hace mucho tiempo, pero si de entrada no se pueden ni instalar, podría dar al traste con el proyecto.
Y si no hay que ver en la CDMX, donde se supone que ya entró, que a las primeras de cambio la alcadesa en Iztapalapa, Clara Brugada, desmintió a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum cuando anunció que ese cuerpo policiaco ya estaba en tierras iztapalapenses.
Clarita dijo que eso no era cierto y que de plano ni condiciones había para que llegara, con todo y orden presidencial, acatada por Sheinbaum.
Y eso que la alcaldesa es del mismo partido que su jefa…
