Luego de cuatro horas y media de discusión entre la oposición y Morena, el pleno del Senado aprobó la minuta que elimina al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
Mientras la oposición advirtió que el gobierno está destruyendo instituciones y que deberán asumirse las responsabilidades de ello, los legisladores de Morena sostuvieron que el cambio de régimen implica modificar la estructura de aquellas que, a su juicio, están plagadas de corrupción.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó al Pleno que se aprobaba en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se remitía al Ejecutivo Federal para su publicación y promulgación.
El dictamen que presentaron las comisiones dictaminadoras de Economía y Estudios Legislativos fue en sentido negativo, y la senadora Imelda Castro Castro, de Morena, presentó un voto particular, el cual también se tuvo que discutir, después de que se debatió sobre el dictamen.
Desde el principio el senador Gustavo Madero, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el proceso legislativo no era el correcto al presentar el voto particular, pero se le dijo que la senadora lo presentó en tiempo y forma.
Entonces empezó la discusión del dictamen que presentó el senador Gustavo Madero, quien preside la Comisión de Economía, donde se rechazaba la eliminación de dicho instituto.
Madero expuso que las pequeñas y medianas empresas son patrimonio familiar y negocios generadores de producción, trabajo y crecimiento económico, y existen muchas dificultades para que puedan acceder a créditos a través de las instituciones bancarias.
Destacó que el Inadem desde hace tres años se dedicó a apoyar y lograr financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para impulsar su desarrollo y crecimiento.
Madero también acusó al Gobierno Federal y a la Cuarta Transformación de que “se ha destruido lo construido, y los empresarios se han visto dañados”, y criticó la desaparición de programas que apoyaban a grupos más necesitados.
El senador Rubén Rocha Moya, de Morena, dijo que el cambio implica destruir lo ineficiente y por ello es necesario implementar una nueva política que resuelva los lastres que tienen frenado el desarrollo de la nación, y añadió: “no se puede continuar con proyectos que alienten la corrupción”.
Así continuó el debate donde la también panista Josefina Vázquez Mota señaló que eliminar el apoyo a los emprendedores es “condenar a México al fracaso”.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dirigió desde tribuna y retó a los morenistas a ver los efectos de las acciones que han emprendido recientemente.
Se refirió a la “destrucción” de “estancias infantiles, clínicas del IMSS Prospera, Conadis, Pro-México, Consejo de Promoción Turística, y ahora vamos por el Inadem”, y llamó a los senadores a “ser muy serios y muy responsables con lo que estamos haciendo en este país”.
Convocó a dejar de “desmantelar el Estado, dejemos de destruir las instituciones y concentrémonos en que el país crezca, en que le vaya bien a la pequeña y a la mediana empresa. Sin recaudación nos vamos a quedar sin recurso para que el Estado opere”.
Sin embargo, los morenistas defendían el proyecto de la Cuarta Transformación y el senador Daniel Gutiérrez Castorena señaló que los cambios que afectan intereses creados presentan resistencias, y dijo que el cambio de régimen político tiene el objetivo de modificar estructura de las instituciones que están plagadas de corrupción.
El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza defendió que las organizaciones civiles no dependen ni viven del dinero del gobierno; planteó su desacuerdo en que desapareciera el Inadem y advirtió que si la mayoría quería modificar la ley “deberán de responsabilizarse del impacto que tengan los emprendedores”.
“No se puede construir una narrativa que juzgue y satanice a las organizaciones de la sociedad civil, quienes se rigen bajo un proceso legal específico a partir de considerarlas como entidades de interés público”, concluyó.
