La reforma laboral permitirá una modernización del mundo del trabajo a partir del surgimiento de nuevos liderazgos sindicales electos democráticamente y la creación de nuevas centrales obreras o gremiales, consideraron abogados laboristas.
En su opinión, con los cambios a las leyes laborales, los más importantes desde la aprobación de la Constitución de 1917, se avecina un relevo de dirigentes, aunque también cabe la posibilidad de que algunos permanezcan al contar con el respaldo de los trabajadores, además de que con la multi sindicalización convivirán cuatro o cinco en una misma empresa.
Alfonso Bouzas Ortiz, especialista laboral e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, expuso que entre lo positivo del nuevo marco legal está que se eleva a rango constitucional la contratación colectiva y se obliga a los líderes sindicales a poner a consideración de los trabajadores el contenido de los Contratos Colectivos y que sean votados por todos.
Opinó que la reforma laboral traerá una nueva era en el sindicalismo mexicano y obligará a los organismos a transparentar en qué gastan las cuotas de trabajadores, elegir a sus líderes de forma democrática y hacer públicas las negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
Los trabajadores podrán decidir a través del voto personal, secreto y universal si quieren pertenecer a un sindicato o no. Además el CCT ya no sólo será votado por la comisión revisora, sino que deberá ser puesto a consideración de los agremiados para aprobarlo o rechazarlo, detalló en entrevista.
Es un avance en materia de transparencia, ya que se tendrán que registrar y publicar las negociaciones colectivas ante un nuevo órgano, denominado Centro Federal de Conciliación, con lo cual cada trabajador podrá conocer los detalles de los acuerdos entre patrones y sindicatos, precisó.
Otro punto en favor de ese marco legal que entró en vigor el 1 de mayo es que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto de nivel federal como estatal, y en su lugar se crearán tribunales que dependerán del Poder Judicial.
También, abundó, se crea un órgano de conciliación que estará obligado a que las partes lleguen a un acuerdo, y de no ocurrir así se llevará el caso a los tribunales laborales para fallar en favor o en contra de alguna de las partes.
Puntualizó que se establece la figura de carga de prueba, donde el patrón debe comprobar que el trabajador cometió alguna falta, sin embargo el emplado tendrá la oportunidad de defenderse. En caso de que el empleador no acredite la falta el obrero se verá beneficiado.
Un ejemplo de ello, precisó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, es cuando un patrón acusa de robo a uno de sus empleados, y si no lo acredita deberá reinstalarlo.
Lo que se busca es terminar con el atraso que existe en las Juntas de Conciliación y dar celeridad al procedimiento, pues actualmente hay un rezago de más de medio millón de expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y un número similar en las locales, por lo tanto se estaría hablando de más de un millón.
Un punto importante, subrayó, es el tema de la capacitación de los conciliadores, así como de los funcionarios judiciales. “Ya no llegarán por amiguísimo o compadrazgo, sino por examen de oposición”.
Bouzas Ortiz expresó que “hay muchos temas que deberían haberse abordado pero el Poder Legislativo no lo hizo, pues la reforma de 2017 marcaba qué campos tenían que ser modificados.”
“El más importante es la democracia y la libertad sindical, una de las exigencias del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá”, subrayó.
La democracia es la columna vertebral de la reforma y eso significa que se acabaron los líderes que usufructuaban los derechos laborales de los trabajadores, que durante décadas han aplastado a las masas y convertido a los sindicatos en patrimonios personales para enriquecerse.
Esta reforma, aseguró, abre la posibilidad de que los sindicatos regresen a los trabajadores.
A su juicio, uno de los pendientes que se quedó en el tintero es el caso del Apartado B, así como el establecimiento de un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones.
Por su parte el abogado laborista Oscar de la Vega estableció que la reforma laboral es positiva en términos generales, ya que busca mejorar la democracia sindical y la negociación colectiva.
Por primera vez en el país se pone a consideración el derecho de los trabajadores a si quieren o no estar sindicalizados. “Se establece que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato o federación”, señaló.
Hizo notar que de acuerdo al Artículo 110 fracción VI un trabajador decidirá de manera libre si quiere pagar cuotas sindicales. Además, indicó, un trabajador podrá decidir si quiere estar dentro de un CCT.
Sostuvo son pasos positivos para democratizar a las organizaciones sindicales y al mismo tiempo buscar la forma de reinventarse y tener el apoyo de las bases.
Un avance, anotó en entrevista por separado, es que cuando haya un emplazamiento a huelga por revisión de CCT deberá contar con el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores de la empresa.
Con ello se pone un freno a las huelgas “locas”, que son utilizadas por los líderes sindicales para obtener beneficios económicos y políticos.
De la misma manera calificó como un avance la creación del Centro de Conciliación Laboral y se tiene un plazo de dos años para ponerlo en operación.
A su vez los sindicatos tienen cuatro años para presentar sus CCT para que sean avalados o ratificados con el apoyo del 50 por ciento más uno de los trabajadores de una empresa, si no lo hacen se da por terminada la relación colectiva.
Con la reforma laboral y la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país se empezara a dar la multisindicalizacion, es decir que varios sindicatos convivan en una misma empresa.
Al tocar el tema de la huelga consideró que es una figura “oxidada” y ya no responde a las necesidades del país y de la clase trabajadora.
La reforma a la ley, agregó, hace una pequeña modificación para que el patrón se someta a un arbitraje y evitar paros de labores de más de 60 días.
“Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar huelgas de más de dos meses y por eso sería bueno revisar el proceso y establecer un arbitraje privado para ver quién tiene la razón”, juzgó.
El especialista añadió que entre los pendientes se encuentra modernizar el tema de la huelga, la cláusula de exclusión que atenta contra la libertad de asociación y el outsourcing o subcontratación.
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