En México más de 3.5 millones de trabajadores laboran bajo el esquema de outsourcing y tras seis años de haber sido incluido en la Ley Federal del Trabajo presenta desafíos para que contribuya a formalizar el empleo en México.
Así lo señaló Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, al considerar que antes de realizar una nueva reforma a este esquema se requiere un análisis profundo sobre la manera en que debe atenderse y regularse al sector.
“Bajo ningún argumento podría hablarse de cancelar la subcontratación. Se trata de impulsar mecanismos, por la vía legal, para frenar malas prácticas, como son el registro de personal por honorarios, a través de cooperativas y sindicatos, o bien pagar al empleado por derechos de autor o inclusive a través de pólizas de seguros”, opinó.
En entrevista, el directivo indicó que la legislación mexicana describe al outsourcing como el régimen por el cual un patrón ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, en favor de un contratante, persona física o moral.
Expuso que la subcontratación es una actividad que dota a las empresas flexibilidad para que se concentren en el desarrollo del negocio mientras un tercero apoya en la atracción de talento.
Incluso, dijo, en algunos casos permite transitar de empleados informales a la formalidad. “Sin embargo, para que este esquema impulse estos beneficios hay que aplicar con rigor el marco de la regulación vigente, estipulada en la Ley Federal del Trabajo en 2012”.
Para dimensionar el impacto de la subcontratación, abundó, en México el 61 por ciento de quienes son contratados bajo este esquema permanece en su empleo por un periodo mayor a tres meses.
Pero para lograr que esta actividad se traduzca en formalización en el mercado de trabajo hay que “cerrar la pinza” en la manera cómo se reporta el salario, y que las instituciones como IMSS, SAT y Secretaría del Trabajo labores de manera coordinada para identificar a las empresas que incurren en prácticas nocivas de subcontratación.
Tras plantear que se tome en cuenta las experiencias internacionales y la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aclaró que no se trata de modificar el nombre de esta actividad, porque ello no favorecerá una adecuada regulación, tal como sucedió con algunos países Latinoamericanos, quienes decidieron cambiar el término “outsourcing” por “prestadora de servicios”.
En ese sentido indicó que “son varios los cambios que se requieren para frenar los abusos en la subcontratación y existen algunos avances”.
Mencionó que en la reforma laboral, de reciente aprobación, se adicionó una disposición en el artículo quinto, donde se establece “que no se puede encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados”.
También se estableció que no se puede registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente percibe, lo que obliga a los empleadores a cumplir con los compromisos laborales y de seguridad social correspondientes.
Otra modificación importante, de acuerdo con Márquez Pitol, sería reglamentar a la empresa contratante, en especial, que registre a los trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la totalidad de los mismos se pague con recibos timbrados por el SAT.
