Informes del Senado de la República advierten que el trabajo infantil afecta a más de 3.2 millones de menores de entre cinco y 17 años de edad en México, los cuales además están expuestos a una explotación laboral extrema, agroquímicos, redes de prostitución y trata de personas, sin ningún tipo de seguridad social ni acceso a la salud.
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara Alta, los sectores más afectados por este fenómeno son “las niñas, las minorías étnicas y los grupos indígenas, las personas discapacitadas, los menores migrantes, los desplazados y aquellos que viven en zonas apartadas y barrios marginados de las grandes ciudades”.
La senadora por Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, recordó que en abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que eleva de 14 a 15 años la edad mínima para permitir el empleo de menores de edad en labores agrícolas “de menor riesgo”.
En entrevista con Notimex dijo que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es insuficiente, ya que se debe erradicar por completo el trabajo infantil en México, más aún en sectores como el campo, donde grandes consorcios agroindustriales aprovechan esta mano de obra para multiplicar sus ganancias a riesgo de la salud, la vida y la educación de niñas y niños.
La legisladora por Michoacán adelantó que antes de que concluya el actual periodo de sesiones presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para buscar eliminar la labor infantil en México, que es una realidad en los campos agrícolas, trabajo doméstico, talleres, pequeñas fábricas, industria de la construcción, y economía informal, entre otras.
“Hemos estado en contacto con jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, para analizar que se elimine el trabajo infantil en el sector agrícola, el cual existe por los bajos salarios que se les pagan a sus padres que viajan de estados del centro y sur de México, y que tienen que pedir el apoyo de sus hijos para sobrevivir”, apuntó.
“Necesitamos una reforma que establezca con claridad el tema de los jornaleros agrícolas, con seguridad social, salarios dignos, servicios médicos y con ello erradicar el tema del trabajo infantil”, apuntó.
Expuso que de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre niños trabajadores en sectores como la agricultura intensiva, se establece que no hay control oficial, y son expuestos a riesgos como uso de plaguicidas y agroquímicos, jornadas laborales exhaustivas, malas condiciones laborales, además de que los empleos no les garantizan un servicio médico al que puedan acudir en caso de algún accidente.
La integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado agregó que este panorama no es muy diferentes en las zonas urbanas, donde el trabajo infantil se encuentra diversificado entre el comercio informal, el trabajo doméstico, la industria de la construcción y otras labores no formales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2017 señalan que la población infantil de cinco a 17 años ascendió a 29.3 millones de personas, de los cuales 3.2 millones realizan trabajo infantil, de estos 62.7 por ciento son hombres y 37.3 son mujeres.
Nayarit tuvo la mayor tasa de trabajo infantil, con 19.7 por ciento, mientras que en Querétaro se observó la tasa más baja, con 5.3 por ciento; las áreas menos urbanizadas registraron el mayor número de menores realizando labores.
Las entidades con mayor tasa de ocupación laboral infantil no permitida son: Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, aunque México adoptó los convenios 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el 138 sobre la edad mínima, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ricardo Bucio, secretario general del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), exhortó al Senado a legislar en materia de derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar, ya que muchas de las 2.3 millones de trabajadoras empezaron su labor siendo niñas de entre 10 y 15 años de edad.
Demandó a la Cámara Alta que armonice la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a ocupaciones peligrosas y trabajo infantil y violencia laboral, que afectan por igual a niñas, niños y adolescentes.
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