El violento rompimiento de las huelgas en cuatro empresas de Matamoros a manos de policías antimotines de Tamaulipas por orden directa del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, para “recuperar el estado de derecho” es la muestra de que algo están haciendo mal las autoridades del trabajo cuando un político determina en su estado qué es lo procedente o no en materia laboral.
Y mientras la represión contra los obreros por parte de las fuerzas públicas llegó al extremo de mandar a varios de ellos, incluida una mujer, al hospital, en un lujoso hotel de la ciudad fronteriza organismos cúpula del sector empresarial como Canacintra, Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial (CEE), realizaban el foro denominado “Diálogos por Matamoros”.
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Realmente irónico eso de los “Diálogos” porque las imágenes que circulan en las redes sociales del rompimiento de las huelgas en cuatro empresas, muestran una absoluta intolerancia a todo lo que huela a sindicatos independientes. Las fuerzas públicas arremetieron a toletazos contra los trabajadores buscando abrir el paso a esquiroles y personal de confianza.
Por décadas, priístas y panistas presumieron el bajo y hasta nulo índice de huelgas en sus gobiernos, presumiendo una paz laboral que en el fondo ocultaba una creciente precarización. No había huelgas, era cierto, pero tampoco se crearon fuentes de empleo estables y bien remuneradas.
De hecho, la clase empresarial en alianza con sindicatos “charros”, contribuyó a anular los justos reclamos de miles de trabajadores en la frontera. En muchas empresas llegaron a existir hasta tres diferentes contratos colectivos para ofrecer condiciones laborales y salariales “a la carta” y gusto de los patrones.
Por eso a los mal acostumbrados empresarios fronterizos no les cayó nada bien el anuncio presidencial de elevar al doble los salarios mínimos y de inmediato se dieron a la tarea de compensar este desembolso, reduciendo o de plano quitando otras prestaciones como bonos de puntualidad o de productividad a sus empleados.
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Lo que aquí es sumamente delicado es la forma en que el gobernador de Tamaulipas se adjudicó las funciones de autoridad laboral y determinó que para restablecer el “estado de derecho” y complacer a la clase empresarial, debían abrirse las puertas de las instalaciones con la fuerza pública por delante.
Desde el pasado 25 de enero en que iniciaron su movimiento de huelga trabajadores de 45 empresas maquiladoras y tomó forma el Movimento Obrero Matamorense 20/32, los dueños comenzaron a preocuparse por el acelerado desplazamiento de sus conocidos y dóciles sindicatos cetemistas y croquistas, a quienes los trabajadores les dieron la espalda para buscar otras opciones más representativas a sus intereses. La lucha terminó extendiéndose a otras ramas llegando a las puertas de la poderosa trasnacional Coca-Cola.
En ésta última, el pasado 29 de marzo su gerente Hugo Rodríguez se hizo acompañar de supuestos empleados de confianza “altos y fornidos”, que comenzaron a golpear a los trabajadores, tirándoles sus campamentos y víveres para entrar por la fuerza a la empresa. Los “guaruras” lesionaron a la esposa de un trabajador.
Pero esto apenas fue el principio porque en la madrugada del último día de marzo, el gobernador Francisco García envío a las fuerzas públicas para abrir por la fuerza las puertas de las empresas Flux Metal, Avances Científicos y Mecalux, en esta última se les pasó la mano al golpear de manera salvaje a los trabajadores.
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El gobernador ponderó que no hacía más que devolver “el estado de derecho”, y así lo ratificaron los agentes ministeriales que participaron en el brutal operativo. La orden era abrir las puertas de las empresas al precio que fuera como aconteció en Mecalux, donde los uniformados, apenas descendieron de sus patrullas, la tomaron contra los obreros. Represión pura pues en ninguna de las violentas irrupciones se mostró orden judicial alguna a los paristas.
Por supuesto que nadie en su sano juicio acepta que es con el uso de la fuerza como se debe hacer valer o recobrar el estado de derecho; ha trascendido que García Cabeza de Vaca buscó con sus operativos antiobreros, dar un aviso a los huelguistas de lo que puede venir más adelante. Pero el empleo de la fuerza no es más que el reflejo de la preocupación de los empresarios porque este movimiento se expanda por toda la frontera y les quite algo de sus cuantiosas ganancias que defienden, cual avaro de fábula, con uñas y dientes.
Es momento de que en los “Diálogos por Matamoros”, las cúpulas empresariales incluyan al nuevo movimiento sindical que se gesta en la frontera. Persistir en su anquilosado monólogo solo conducirá a agudizar el conflicto y la represión. Y para eso, el gobernador “rompehuelgas” se pinta solo.
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