La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos empezó 2019 con el pie izquierdo luego de que el 26 de diciembre pasado, Michel Franco González, jueza Primera de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, concedió a los trabajadores nucleares una suspensión contra la normatividad aprobada por los legisladores de Morena en el Congreso. Lo conseguido por los agremiados al SUTIN es la prueba de que el nuevo reglamento es atentatorio a los derechos laborales de los servidores públicos.
La jueza concedió la suspensión con el fin de que “no se apliquen a los quejosos las normas generales que combaten ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas. . . que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de los impetrantes las remuneraciones establecidas en su contrato colectivo de trabajo. . . Por lo cual, las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones deberán suspender la aplicación de la unidad normativa, hasta en tanto no se resuelva la suspensión definitiva”.
El malestar comenzó en noviembre de 2018 cuando los funcionarios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares anunciaron, sin previo aviso ni negociación alguna con la parte sindical, una reducción de 30 por ciento de los salarios sus empleados de base. El argumento expuesto fue que era por motivos de austeridad, aun cuando los recursos para el pago de sueldos y prestaciones ya estaban etiquetados.
Por supuesto que el ilegítimo recorte como en muchos otros casos, olió a corrupción como el bono que de última hora otorgó el exjefe de Gobierno, José Ramón Amieva, a los sindicalizados de la Ciudad de México, dinero autorizado y entregado por Hacienda a su administración para sufragar el bono sexenal que se pretendía hacer “tablas” a miles de trabajadores.
En el juicio de los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), se sopesaron aspectos tales como las demandas presentadas, la Ley Federal de Remuneraciones y aspectos como la fijación de salarios a servidores públicos, la inexistencia en la ley demandada de criterios para fijar el salario del Presidente de la República, la irrenunciabilidad a los derechos laborales y el respeto debido a los pactos colectivos.
Al emitir la suspensión provisional, abogados laboristas estiman que será cuestión de trámite para que otro juez resuelva en definitiva el amparo pues resultaba ilegal bajar el sueldo a empleados públicos que, por cierto, no ganan ni aspiran al sueldo del Presidente, pues como establece la controversial ley, ningún servidor público debe percibir ingresos mayores al Jefe del Ejecutivo.
Así las cosas, al menos en el ININ, la ley no debe aplicarse y sus empleados deberán cobrar íntegros sus sueldos. Aquí el asunto principal es que si el amparo se les concede en definitiva abrirán la ruta para que todos los inconformes en el gobierno federal busquen la protección de la justicia poniendo en jaque a la anunciada austeridad que por cierto contempla cortar miles de cabezas de empleados de confianza, aun cuando en algunos estos se encuentran sindicalizados.
Ahí está por ejemplo el recorte puesto en marcha en el ISSSTE, donde al Sindicato Independiente le están despidiendo agremiados, y con la mayor de las prepotencias por parte de los funcionarios del área administrativa les dicen que le hagan como le hagan no habrá marcha atrás
Hasta hace unos días, 23 trabajadores de confianza afiliados al Sindicato Independiente del ISSSTE (SITISSSTE) peleaban su derecho a ser reinstalados luego de que una funcionaria les comunicó con el mayor desparpajo que la lista de los cesados se la había entregado directamente “el presidente”.
Y mientras en el Senado se cocina una nueva Reforma Laboral que en teoría mejorará las condiciones de vida de los trabajadores garantizando sus derechos laborales, en consonancia con el Convenio 98 de la OIT y otros más que contemplan el derecho al trabajo como un derecho humano, en la práctica las cosas marchan en sentido opuesto.
Aquí también el sentido de la austeridad no cuadra con los despidos, pues de los empleados afectados el que más gana son 14 mil pesos mensuales, nada que ver con los sueldos de la alta burocracia. Pero lo más delicado en el asunto de los derechos humanos y de la sensibilidad social es que entre los afectados hay madres solteras que no tienen otra forma de subsistir. Además de perder sus ingresos económicos, estas personas se quedarán sin el amparo de la seguridad social.
Es el momento de que los legisladores de Morena hagan un alto y evalúen las consecuencias negativas que están acarreando sus leyes aprobadas al vapor y el criterio empleado para pasar el rasero de los despidos de manera pareja, sin tomar en cuenta los daños sociales que se generan a los empleados de menores ingresos que sí trabajan y para nada gozan de privilegios.
Por ejemplo, no estaría de más que echaran reversa en algunos aspectos de la Ley Federal de Remuneraciones, aprobada en una sesión fast track, y que contiene múltiples omisiones y errores, razón por la que le han llovido al nuevo gobierno infinidad de amparos.
Es indudable que algo no está funcionando como debiera porque se reedita la historia de sexenios anteriores de afectar, con la tan sobada austeridad, a los que menos tienen.
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