Se llama Ana María Vázquez y laboraba en las oficinas del ISSSTE desde hace once años como apoyo administrativo A8 y el anuncio de su despido no pudo ser más cruento: su pequeño hijo es atendido de una fractura en la pierna, su tratamiento y rehabilitación le llevará no menos de un año pero al quedar en cesantía, la seguridad social no le ampara más de dos meses de atención. Su angustia es doble porque además de ser desempleada no tendrá dinero para pagar lo que resta de la atención médica de su pequeño en una clínica privada.
Y como este hay 23 casos más que denuncia a los medios el Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE), sin sumar a los despidos médicos y enfermeras en las diversas delegaciones de la CDMX, donde se calcula que unos 3 mil empleados dejarán de prestar sus servicios al Instituto.
El problema es que además de ser despedidos, funcionarios de las áreas jurídica y administrativa les dicen que “es orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y ni el director puede hacer algo por ellos”.
Empero, hay un asunto más delicado, los despedidos son obligados a firmar su renuncia voluntaria sin recibir la liquidación a la que tienen derecho por ley. Y como señala Héctor Ponce Galindo, Secretario de la Sección 47 del SITISSSTE, “los compañeros no están firmando ningún papel y siguen presentándose a trabajar”. Y anuncia que la lucha por su reinstalación apenas comienza.
Añade que las autoridades no tomaron en cuenta que en aras de la austeridad se está ocasionando un daño social a los trabajadores que además de quedar sin empleo, estarán en peligro de perder sus casas o autos por los créditos contratados y que no podrán sufragar.
El líder añade que es Miriam López Herrán, Coordinadora Administrativa, la funcionaria que asegura que los despidos son por orden directa del presidente, buscando desalentar a los trabajadores al decirles que un juicio puede llevar hasta cinco años “y no nos van a ganar”.
Ponce Galindo indica que van a buscar la conciliación para reinstalar a sus compañeros, pero de no haber una respuesta positiva tomarán otras medidas como entablar demandas legales para hacer valer los derechos de sus agremiados.
