Guadalupe Avianeda, de 87 años fue despedida de su plaza como trabajadora de limpia en la preparatoria Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México el año pasado, por lo que presentó una denuncia por despido injustificado.
Su queja apenas avanzó y este 17 de enero se presentó a su primera audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se dio a conocer formalmente su demanda. En apoyo a su situación, un grupo de ex empleados y compañeros de la mujer se manifestaron en las instalaciones de la dependencia.
Este grupo demandó a la dependencia local que reinstalen a la mujer en su puesto, ya que vive sola y se hace cargo de sus gastos, pues no tiene familia ni nadie que vele por ella.
En entrevista con RS, Alejandro Cerezo, representante de Comité Cerezo México -organismo que trabaja en defensa de los derechos humanos-, señaló que dentro del IEMS se han dado despidos arbitrarios, desde enero del año pasado, sobre todo con los empleados de limpia que son contratados bajo el régimen de outsourcing.
Por ello, los representantes del Comité acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje fue para que los abogados presentaran al caso ante esta instancia y se haga justicia a la mujer.
“Fue una audiencia de mera formalidad, y decidimos hacer este mitin para exigir que se revise este caso, que se resuelva de manera rápida la situación de la mujer. La junta ha retrasado el juicio de las 59 trabajadoras que fueron despedidas en enero de 2016 y que también presentaron demanda y hasta el día de hoy no existe un laudo del mismo”, denunció Cerezo.
El defensor de derechos humanos detalló que Guadalupe Avianeda llegó a su lugar de trabajo como cualquier otro día al plantel del IEMS, ubicado en Tacubaya, pero los elementos de seguridad ya no la dejaron entrar a cumplir con sus labores.
Por el caso de las 59 trabajadoras despedidas, la CDHDF consideró que no hubo violación de derechos humanos por parte el IEMS, solapando así las acciones del instituto. Cerezo aseguró que con esa acción, la Comisión solapó al gobierno de Miguel Ángel Mancera y justificó que la dependencia tenga personal contratado bajo el esquema de outsorcing, sin respetar sus derechos laborales.
