Con el argumento de austeridad total, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó el despido masivo de trabajadores de las dependencias federales, tanto de oficinas centrales como de las delegaciones en los estados.
Si bien el mandatario había prometido en su campaña empleo digno y respeto a los mexicanos, también prometió que se tendría un gobierno austero, que no malgastara el dinero de los ciudadanos.
En diciembre pasado, días después de su toma de protesta como Presidente, López Obrador hizo realidad su propuesta de reducir 70% e las plazas de confianza del gobierno federal, lo que representa alrededor de 200 mil trabajadores.
La instrucción inicial fue hacia directores, subdirectores y jefes de áreas salientes, para que sus equipos presentaran su renuncia de forma voluntaria.
Sin embargo, para quienes estaban fuera de esos círculos, las razones por las que ya no podrían seguir fue la desaparición de las áreas en las que laboraban, instrucciones para dejar la nómina en cero y espacios para que los ocupara personal nuevo, o simplemente la reducción de presupuesto.
Desde encuentros en corto y discretos para anunciar el despido a cada persona hasta juntas masivas con discursos poco convincentes para los trabajadores, fueron las formas en que ejecutaron los recortes al personal sin respetar antigüedad, servicio profesional, alguna discapacidad o quienes ya estaban a un par de años de jubilarse.
El caso más sonado, por haberse viralizado en redes sociales y medios de comunicación, fue el del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en el último reporte sumaba más de 12 mil personas despedidas.
La postura de López Obrador frente al escandaloso recorte fue una promesa de revisión de los casos, pero hasta ahora ningún trabajador ha sido reinstalado.
Otro de los más numerosos serán los del ISSSTE e IMSS. En ambas dependencias saldrán tres mil trabajadores, respectivamente, que están contratados como temporales, de confianza o por honorarios y a quienes ya no se les renovara su contrato a partir del 30 de enero.
No obstante, los directores, Germán Martínez y Luis Antonio Ramírez Pineda, del IMSS e ISSSTE, aseguraron que no se despedirán a los médicos, enfermeras y al personal sindicalizado.
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se estima que 500 personas fueron despedidas. Los afectados difundieron en redes sociales una supuesta videoconferencia donde les anunciaban la eliminación del Programa de Empleo Temporal y daban instrucciones sobre cómo hacer la entrega del puesto e instalaciones que hubieran utilizado.
En Profeco, 300 empleados eventuales dejaron de laborar al “concluir su contrato”, y aunque la ampliación presupuestal permitirá nuevas contrataciones, su titular, Ricardo Sheffield, dijo que no habrá espacio suficiente para todos.
En los casos anteriores, los trabajadores fueron notificados por sus superiores de los despidos. Pero en el caso de ProMéxico, 70 empleados recibieron un mensaje de WhastApp en el que les informaban que su contrato laboral terminaba el 31 de diciembre de 2018.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social también notificó la salida de 20 personas, a quienes se les obligó a firmar su renuncia argumentando que sus plazas desaparecerían. Esta forma es ilegal y violenta los derechos laborales de los empleados, sin embargo, ocurrió en la dependencia que se encarga de proteger a los trabajadores.
Recortes en la CDMX
Según el propio López Obrador, ni los trabajadores de base ni los sindicalizados serían despedidos, pero en el caso de la Ciudad de México sí los hubo.
Cerca de 330 integrantes, sindicalizados del Heróico Cuerpo de Bomberos y otro tanto del área de Limpia del gobierno local perdieron su empleo.
La Procuraduría Social obligó a 200 trabajadores de honorarios y confianza a firmar su renuncia, bajo amenaza de ser boletinados para no poder trabajar en alguna otra dependencia del gobierno.
Mientras que en la Procuraduría de Justicia capitalina fueron liquidadas 24 personas que ocupaban cargos de confianza, por no haber pasado los exámenes de control.
En las alcaldías la situación fue mucho peor.En Gustavo A. Madero se reportan 350 bajas de trabajadores que tenían los sueldos más bajos y que estaban contratados en la llamada Nómina 8 y por honorarios; en Iztapalapa suman 60 y en Álvaro Obregón otros 70 empleados.
A devolver la liquidación
A quienes obligaron a firmar renuncia o no les renovaron el contrato, como el caso de temporales, por honorarios y freelance, no recibieron liquidación, bajo el pretexto de no haber recursos disponibles para ello.
Si en un remoto caso, los trabajadores despedidos y liquidados tuvieran la oportunidad de regresar a su antiguo puesto, deberán reembolsar al erario el dinero que recibieron cómo liquidación, según establece un comunicado de la Secretaría de la Función Pública que turnó de manera interna a las dependencias del gobierno.
Los trabajadores despedidos no se han quedado con los brazos cruzados y muchos ya emprendieron acciones legales contra el gobierno.
Las dependencias del gobierno federal se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que los procesos legales en materia laboral se dirimen en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual determina lo conducente al nombramiento del trabajador.
Mientras que trabajadores de organismos descentralizados y no sectorizados están bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo, y deben acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, fungen como mediadores entre la autoridad (que en estos caso es el patrón) y los trabajadores, e informó que a nivel nacional suman 52 las quejas presentadas ante la CNDH: 47 corresponden a ex trabajadores del SAT, dos a la Secretaría de Gobernación, dos más de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y uno más que trabajaba en Liconsa.
A la par, en la comisión local, agruparon los casos en uno solo y dan especial acompañamiento a los bomberos.
Les llaman aviadores
Además de la afectación a la economía personal y familiar que significa la pérdida repentina de empleo, en esta ocasión cargan con el señalamiento público de ser aviadores, no realizar bien su trabajo, cobrar de más o sólo engrosar la nómina, según han señalado titulares de las dependencias correspondientes, lo cual no aplica para todos los casos.
Pese a las manifestaciones que los despedidos han realizado en redes sociales y directamente en Palacio Nacional, pidiendo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo han sido recibidos por el Área de Atención Ciudadana con la promesa de atender su caso, lo cual, la mayoría sabe que no ocurrirá.
