Con la integración del gabinete presidencial del nuevo gobierno de la República, han surgido tropiezos y erratas que se traducen en incertidumbre y preocupación colectiva.
Algunos colaboradores, por cierto de medio pelo, del Ejecutivo que encabeza la Cuarta Transformación, son proclives a presumir y mostrar sin recato su bien acumulada ignorancia.
Los resbalones sufridos por los flamantes abanderados de la ineptitud, sin un aporte para mermarla credibilidad de la sociedad cada vez más polarizada.
A inicios del sexenio 1982-1988, Miguel de la Madrid, como Jefe del Ejecutivo, presentó ante el Congreso de la Unión una serie de propuestas legislativas entre las cuales estaba el decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El 29 de diciembre de 1982 se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen, a partir del 10 de enero de 1983, a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Como titular del ramo, fue designado Francisco Rojas Gutiérrez. Más adelante, el 19 de enero de 1983, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Eran los tiempos de llamada Renovación Moral.
Luego esa dependencia cambió de nombre y vio pasar diversos funcionarios que no lograron darle un sello y una actividad que, en verdad, sirviera para castigar los abusos de los servidores públicos.
Ahora la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, arranca con un anuncio que muestra ignorancia, ingenuidad o una gansada, para estar a la moda.
Llama a la iniciativa privada a bajar los altos salarios de sus empleados para que se ajusten a los del servicio público.
Pretende dictar un principio que es para los servidores público y someter a los empleados de la iniciativa privada. No se alcanza a comprender si pretende instaurar un totalitarismo o imponer sus gracejadas.
En su primera reunión con las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción del Senado, señaló que “la nueva ética pública” del Estado mexicano debe marcar “criterios básicos de la justicia social” en los ingresos y honorarios, y no “el mercado”.
Presume: Yo creo que, así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios.
¿En cuál poder (porque no encajan ni el Ejecutivo, ni Judicial o Legislativo) buscará enclaustrar al sector privado?
Está el antecedente que de acuerdo a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos nadie podrá ganar más que el presidente, 108 mil pesos mensuales, en la administración pública.
Que, desde luego, no aplica para el sector privado.
Pero se insiste en la torpeza: “Y que entonces caminemos juntos para que los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las ganancias y desarrollo”, expuso.
Sandoval presentó su plan de trabajo para “relanzar” la operación de la Secretaría de la Función Pública. En cinco ejes, dijo que apostarán por fomentar y proteger la denuncia ciudadana y de servidores públicos en contra de la corrupción, a quienes denominaron ” los alertadores internos”.
Eso nos obliga a tener leyes de protección y auspicio a los alertadores internos, que protejan con normatividad laboral, con normatividad de derechos fundamentales y con todo tipo de normas, dice.
Estas quejas confidenciales o esta información confidencial, que no anónima, que se ofrece contra funcionarios públicos, políticos y empresarios que delinquen o que malversan fondos.
Habría que preguntarse qué principio jurídico, legal o en qué se basa para querer juzgar a la Iniciativa Privada.
Más perdida que un ganso en el desierto, Eréndira Sandoval señaló que la Función Pública va a “ciudadanizar” su operación para vigilar prácticas “corruptas irregulares” y “democratizar sus tecnologías” para ponerlas al alcance de los ciudadanos para prevenir y combatir a la corrupción.
El manejo de recursos en la Administración Pública Federal está en sus atribuciones, pero el llamado a los empresarios a sumarse a la política de austeridad y disminuir los salarios de sus directivos para evitar fuga de talentos del sector público es una estupidez.
