La recién concluida administración del gobierno capitalino, en complicidad con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), son responsables de un presunto quebranto a las finanzas públicas por un monto cercano a los 3 mil millones de pesos, según denuncian a RS, integrantes de la Coalición Frente Democrático de Trabajadores en Activo, Pensionados y Jubilados de la CDMX.
De acuerdo a sus indagatorias, autoridades y líderes encabezados por Juan Ayala Rivero, presidente del organismo gremial, pasaron por alto no únicamente los lineamientos laborales sino administrativos para birlar cuantiosos recursos que fueron a parar a campañas políticas y otros fines distintos a los etiquetados desde la Secretaría de Hacienda.
El último asunto que terminó por sacar a flote la larga cadena de pillerías fue la entrega del bono sexenal al que por ley, tienen derecho los burócratas capitalinos en su calidad de empleados del mismo rango que los del gobierno federal, de acuerdo a la Ley Burocrática vigente.
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Desde junio pasado, explicaron a RS, la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, emitió una circular en la que hacía del conocimiento de las diversas dependencias la entrega del llamado bono sexenal a sus empleados sindicalizados, por la cantidad de 3 mil pesos.
De acuerdo a lo expresado por el ex jefe de gobierno Ramón Amieva –quien sustituyó en el cargo a Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República–, a los trabajadores de la ciudad no se les daría esta prestación pues a cambio se le entregarían 900 pesos por concepto de canasta básica. A esta postura hizo eco la dirigencia del SUTGCDMX, con su líder Juan Ayala como caja de resonancia del gobierno central. Y a sabiendas de esta ilegalidad, guardó silencio.
El asunto del bono para los trabajadores capitalinos hubiera quedado en el limbo político y jurídico de no haber sido porque los miembros de la Coalición decidieron investigar la razón por la cual tanto autoridades como dirigentes sindicales, argumentaban que esta prestación solo era extensiva a los empleados de las entidades federales.
En octubre pasado acudieron a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), donde les señalaron que no había motivo alguno para que los agremiados al Único fueran segregados de tal beneficio de fin de sexenio, ya que los recursos “estaban presupuestados y etiquetados”, coincidieron en señalar a RS, Angélica Adriana Díaz Bustamante, de la Sección 15 del SUTGCDMX; Heladio de la Rosa de la Sección 12; Julio Miranda de la Sección 1; y Carlos González Merino, ex vicepresidente del Único y ex magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
En amplia charla, detallan que fue la propia Secretaría de Hacienda la encargada de poner al descubierto el maquinado fraude cuando a solicitud de información, hizo entrega el pasado 5 de noviembre, de los lineamientos para el pago del bono, donde, obvio, estaban contemplados los 260 mil sindicalizados, de acuerdo al propio Juan Ayala Rivero.
Tras no haber duda que los recursos ya estaban etiquetados, tanto Amieva como Ayala Rivero no solo quisieron curarse en salud sino hacerse, de paso una “operación cicatriz” para congratularse con la ahora Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que orquestaron infinidad de ataques durante su campaña electoral.
Echando mano de su acostumbrada compra de espacios en un medio de comunicación, Ayala Rivero mandó publicar una nota donde de acuerdo a su imaginación, era la doctora Sheinbaum la autora del supuesto resarcimiento laboral. Y por su “bonhomía y generosidad”, los trabajadores capitalinos recibirían no el bono sexenal sino de “transición”.
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Para los representantes de la Coalición tal zalamería no fue más que una burda maniobra pyes el bono de “transición” es un concepto que no existe en ninguna parte de las partidas de Hacienda pues la partida 15901 que lo contempla no lo clasifica así.
No obstante que el ex Jefe de Gobierno reconoció que la prestación extraordinaria debían aplicarse “pues existían los recursos”, los entrevistados comentan que la cantidad entregada a los 260 mil trabajadores no fue de tres mil sino de dos mil pesos, por lo que se preguntan: “´¿Dónde quedó el resto del dinero?”.
Tras sacar la calculadora, no dudaron en denunciar: “El monto de los recursos federales para este beneficio de fin de sexenio era de 780 millones y solo se entregaron 520, por lo que Amieva debe explicarle a la nueva administración federal y del gobierno central dónde quedaron los otros 260 millones”.
Pero en la piñata de fin de sexenio, engordada a beneficios de los ex funcionarios y los aún dirigentes del Único, hay más irregularidades: por ejemplo—detallaron los entrevistados–, la misteriosa desaparición de mil 750 millones de pesos correspondientes a la retención del ISR (Impuesto Sobre la Renta), que de acuerdo a las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal de 2014, debía ser reintegrado a los trabajadores por el gobierno capitalino mediante un recibo.
Esto es, que según lo establecido en las reglas de aplicación de este impuesto, el mismo es cobrado por las autoridades capitalinas a todos los empleados, pero a los sindicalizados se los debe reintegrar, notificándoles de manera personal. Para cumplir con tal bonificación, por ley debe expedirles un recibo.
Pero esto no ha ocurrido con lo cual hay una responsabilidad directa de Miguel Ángel Mancera, en su momento, como Jefe de Gobierno y después de Ramón Amieva, quienes burlaron a Hacienda al no retornar ese dinero a los sindicalizados. “Se aprovecharon de que no hay cultura ni información al respecto para que los trabajadores pidan su devolución; por una parte los funcionarios no notifican a cada uno de los empleados de base; pero por otro, la dirigencia encabezada por Juan Ayala, que dice defender sus derechos, tampoco lo hizo y guardó silencio con lo que se convierte en cómplice del quebranto a los recursos del gobierno federal”, ahondaron los miembros de la Coalición.
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“Falta sumar –añadieron—los desvíos por concepto de vestuario pues de manera ilegal las autoridades entregaron estos recursos al sindicato para que éste los utilizara en el pago de campañas políticas y no a los fines para los que estaban destinados; infinidad de compañeros carecen del vestuario y equipos para realizar sus funciones. En un cálculo conservador, hablamos de otros 800 millones de pesos de desvío”.
La calculadora se detiene y arroja un estimado del fraude total: dos mil 740 millones de pesos que podría llegar a los tres o más, si se le buscan otros rubros. “Pero además de estos quebrantos de que ya hemos dado cuenta en la Cámara de Diputados y el Senado, y de los que enteraremos a la nueva Jefa de Gobierno, hay un riesgo mayor a la nueva administración capitalina y es que dejaron sembrados en parte vitales de la administración a los operadores políticos del PRD”, alertaron.
Carlos Gonzáles Merino, va más allá cuando sostuvo: “Los funcionarios se dedicaron a sembrar células donde ubicaron a su gente, son los mismos que operaron políticamente contra la Jefa de Gobierno en su campaña y no es aventurado decir que son el “Caballo de Troya” para echar a andar una desestabilización a su gobierno”.
De acuerdo a los integrantes de la Coalición, estos nuevos “trabajadores de base” violaron el estatuto y los preceptos administrativos para acceder a un puesto permanente y de un alto nivel salarial, “apenas tenían unos meses de haber ingresado y obtuvieron su plaza cuando hay compañeros con diez o quince años laborando que no han alcanzado este beneficio. Sus nombres han trascendido en algunos medios pero para la nueva administración no será difícil detectarlos, incluso para cualquier ciudadano o trabajador que soliciten la información a través de los mecanismos de transparencia”.
Y dieron conclusiones a RS: “Es por estos motivos que estamos luchando, para que haya una mayor democracia y transparencia en nuestro sindicato. Los trabajadores quieren participar en la designación de su representantes y ver que sus recursos sean manejados con transparencia. Lo que no ha hecho en todos estos años Juan Ayala, que se prestó a defraudarlos de la mano de los ex funcionarios que son presuntos defraudadores de recursos del erario nacional. Y deben ser investigados para erradicar la impunidad como ha anunciado el presidente, Andrés Manuel López Obrador”.
