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Coparmex exige ser consultada en reformas laborales

Los empresarios quieren evitar la atomización de los sindicatos, pues complicaría la relación obrero patronal

Con el fin de observar el impacto que tendrá modificar la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió que cualquier adecuación a la reforma laboral sea consultada con todos los actores del mundo del trabajo, especialmente el sector empresarial

En conferencia de prensa, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió también al gobierno entrante que se evite la formación de pequeños sindicatos dentro de las empresas.

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“Tenemos la certeza de que sólo mediante la adecuada participación de las organizaciones representativas de trabajadores y patrones, se podrán generar adecuaciones legales que permitan modernizar la legislación laboral, y con ello, incentivar la inversión, la creación de más puestos de trabajo y reducir la informalidad que ha afectado el crecimiento económico del país”, dijo el presidente de la Coparmex

Explicó que las reformas a los artículos 107 y 123 constitucional en materia de Justicia Laboral, además de acompañar la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva- y modificar la Ley Federal del Trabajo derivado del Capítulo 23 Laboral del T-MEC tendrán un impacto equiparable a lo que en su momento tuvo la expedición de la primer Ley Federal del Trabajo.

Por ello, insistieron en la importancia en el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De Hoyos reiteró la necesidad de que este órgano sea autónomo.

“La autonomía es crítica pues este organismo se encargará de la conciliación de asuntos individuales y colectivos en materia federal, así como del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. Los responsables de estas tareas no deben depender del Ejecutivo, sino responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores”, añadió en el encuentro con medios

El sector patronal pidió también que las reformas deben contener mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga por extorsión, un aspecto que afecta fuertemente la capacidad del sector productivo para generar fuentes de empleo. Para ello, la Ley Federal del Trabajo debe ser explícita y contundente en la exigencia de que los sindicatos prueben su representatividad.

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En materia de sindicatos y negociación colectiva, Coparmex aseguró que se requiere de un mecanismo que impida la “atomización”, es decir que se multipliquen los sindicatos dentro de las empresas, lo que dificultaría la revisión de los contratos colectivos y, eventualmente, podría conducir a una parálisis del sector.

Dentro de sus planteamientos, la Confederación exhortó  a que se eviten paros, bloqueos y amenazas que impidan la realización de las actividades de los patrones y de sus trabajadores, proveedores o clientes.

De igual manera, destacó que debe quedar establecido cómo se revisarán los contratos colectivos de trabajo. En ese sentido, señaló que los patrones deben negociarlas con quienes tengan la mayor representación de los trabajadores dentro de la empresa, de forma simplificada y con requisitos simples.

Advirtió que en el caso de procesos laborales individuales, es indispensable contar con un nuevo procedimiento, cuya conciliación previa sea eficaz para disminuir los juicios laborales, garantizando que éstos sean justos, equitativos y transparentes.

Por último, Gustavo de Hoyos subrayó que es necesario eliminarse la reversión de la carga probatoria derivada del ofrecimiento de trabajo, debe de suprimirse definitivamente la obligación de entregar un aviso de rescisión, para que los patrones puedan tener la oportunidad de defenderse, cuando se les impute que han despedido injustificadamente a un trabajador.

 

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