Tenga por seguro que tras el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la emisión de facturas falsas se sumará al catálogo de delitos graves como el robo al presupuesto y la sustracción ilegal de gasolinas y energéticos, infinidad de empresas y sindicatos desaparecerán antes del primero de diciembre.
El asunto no es de proporciones menores si se consideran las estimaciones de las autoridades hacendarias que en voz de Ernesto Luna, Administrador de la Auditoría Fiscal Federal del SAT, ubicaron hace dos años la evasión fiscal de unas mil 140 empresas, en un monto de 7 mil 734 millones de pesos, en los años 2014 y 2015. Ilegalidad a la que contribuyeron 109 sindicatos que les expidieron facturas por servicios y actividades inexistentes.
A lista de defraudadores al fisco—500 de los cuales están en la lupa de carpetas de investigación del Sistema de Administración Tributaria (SAT)–, deben sumarse las outsourcings, empresas de subcontratación que aparecieron en el mercado laboral alentadas por Carlos Abascal, secretario del Trabajo con Vicente Fox, y legalizadas con la Reforma de Calderón del 2012.
Las tercerizadoras se convirtieron en el vehículo perfecto para quitar responsabilidades contractuales a los empresarios y despojar de la seguridad social y estabilidad laboral a los trabajadores, pero lo más preocupante que no visualizaron sus promotores es que servirían para evadir el pago de impuestos y encubrir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Desde hace un par de años la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las tiene en la mira al punto que en noviembre del 2016 publicó un comunicado (disponible en su sitio www.sppdl.sat.gob.mx), donde alerta que quienes prestan este tipo de servicios son susceptibles de celebrar actividades vulnerables, por lo que deben de cumplir ciertas obligaciones en materia de antilavado.
La UIF estableció que las subcontrataciones se encuadran en la actividad vulnerable contenida en la fracción XI del artículo 17 de la Ley Antilavado, dado que el contratista ejecuta la administración y manejo de recursos (trabajadores) del contratante, el cliente, en la realización del servicio contratado.
De acuerdo a este ordenamiento al momento contratar los servicios de las outsourcings, las empresas tienen la obligación de presentar todos los documentos que sean solicitados por el prestador de servicios pues éste estará obligado a cubrir la carga administrativa establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Algunas de las obligaciones de las outsourcings al respecto, son:
Identificar a los clientes y usuarios con los que realice actividades vulnerables; abstenerse de prestar servicios a los clientes que no proporcionen información o documentación para su identificación; darse de alta en el padrón de quienes realizan actividades vulnerables.
Al igual que muchos sindicatos, las tercerizadoras han encontrado en la expedición de facturas falsas o alteradas en sus montos reales, una mina de oro. El asunto es que en el pecado se agenciaron una alta penitencia que empezarán a pagar una vez que el nuevo gobierno decida seguir el curso de las carpetas de investigación que por extraños motivos se encuentran varadas en el SAT. Infinidad de empresas fantasmas dedicadas al lavado de recursos de procedencia ilícita encontraron en las empresas de outsourcings la mancuerna perfecta para sus aviesos fines.
Muchas no se han dado de alta en el padrón de actividades vulnerables, no están en condiciones de entregar a la UIF información sobre sus clientes y menos explicar el manejo de inexistentes recursos, o sea los trabajadores que solo existen en los ilegítimos contratos, pero no en la realidad.
Un cálculo estimado refiere que en lo que va del sexenio la evasión fiscal por la expedición de las facturas apócrifas asciende a poco más de los 2 billones de pesos. Una suma respetable si se considera que de concretarse el Plan de Austeridad anunciado por el presidente electo –con ahorros anuales por 500 mil millones de pesos–, deberán trascurrir cuatro años de su mandato para alcanzar tal cifra.
A esta cadena delictiva las tercerizadoras han aportado importantes eslabones ante la pasividad de las autoridades tanto hacendarias como laborales. Un informe dado a conocer en 2016 por una de las empresas líder en la subcontratación en el país, Manpower Group, indicaba que de las 900 operadoras de outsourcing en México, únicamente 100 estaban registradas en el IMSS y de estas, solo unas 40 pagaban impuestos.
Seguramente que en las manos del futuro Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa hay la información y las pruebas necesarias para aportar los elementos con los que el presidente electo decidió anunciar en el marco de Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que la expedición de facturas falsas será un delito grave.
Muchas sorpresas están por venir luego del primero de diciembre en que nos enteraremos qué empresas, sindicatos y tercerizadoras desaparecen del radar y quiénes están tras de estos esquemas de evasión y presunto lavado de dinero que tanto daño han causado a la economía nacional y al nivel de vida de millones de trabajadores.
Un hilo conductor de los presuntos responsables a este multimillonario quebranto al fisco, ubica retratos hablados en áreas relacionadas con las actividades del transporte y la construcción de importantes centrales obreras, ramas donde proliferan este tipo de irregularidades, aunque no son las únicas donde el SAT y la UIF tienen puesta la mira.
¿Cuántos prominentes empresarios y enriquecidos líderes, metidos hasta el cuello en esta defraudación, hacen ya sus maletas? Júrelo que no son pocos y nombres habrá para dar y repartir…
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