Tras el enfrentamiento que inició luego de la tragedia de Pasta de Conchos, registrada el 19 de febrero de 2006 donde perdieron la vida 65 mineros, la disputa entre Napoleón Gómez Urrutia y Germán Larrea de Grupo México, llega a su clímax político, teniendo a un fideicomiso de 55 millones de dólares como eje de las acusaciones mutuas.
El empresario ha movido los hilos del poder para intentar meter a la cárcel al líder minero responsabilizándolo, a trasmano de ex miembros del comité del sindicato minero como Carlos Pavón, de haber birlado estos recursos a los mineros del país, pero sobre todo a los que se quedaron sin empleo en la Minera de Cananea –entonces de propiedad estatal–, cuando en 1990, Carlos Salinas la declaró “incosteable”, dejando sin empleo a 3 mil 599 trabajadores.
En aquellos años que inició el proceso de privatización de empresas públicas como Teléfonos de México, las minas de Cananea y “La Caridad”, en Nacozari, fueron puestas a la venta no sin antes ser saneadas de sus finanzas con recursos públicos para entregarlas a los hermanos Jorge y Germán Larrea, apoyados para hacerse del negocio redondo por el entonces asesor presidencial, Claudio X. González, oriundo precisamente de Cananea, Sonora.
Para tratar de calmar los ánimos sociales de los mineros y sus familias, el entonces presidente ordenó que los nuevos dueños y el sindicato minero, entonces dirigido por Napoleón Gómez Sada, padre del hoy asilado en Vancouver, Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, pactaran la entrega del 5 por ciento de las acciones de la mina de Cananea que cambió su nombre a Buenavista del Cobre Cananea.
El asunto quedó en el papel y fue hasta el 2004 cuando el heredero del gremio minero pactó un nuevo acuerdo con Germán Larrea: la venta de ese 5 por ciento de las acciones en 55 millones de dólares a Grupo México. De acuerdo a la versión del Sindicato Minero y su líder en el exilio, 22 millones de dólares se entregaron a los mineros –sus afiliados suman alrededor de 30 mil en todo el país–, por lo que de ser cierto esto, estaría por saberse dónde están los 33 millones restantes.
Hace unos días la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), emitió una segunda resolución—la primera fue en el 2012–, donde condena al Sindicato Minero a repartir los 55 millones de dólares entre sus agremiados. De acuerdo a la versión oficial, desde el 2006, mineros inconformes con el manejo y reparto del fideicomiso interpusieron una demanda ante la PGR contra Gómez Urrutia y sus 23 presuntos cómplices.
Desde que trascendió la inserción del líder minero en las listas plurinominales al Senado por Morena, el polémico fideicomiso volvió al escenario nacional y el cuerpo jurídico del ahora candidato esgrimió en favor de su inocencia la sentencia emitida en agosto de 2014, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , radicado en la CDMX, que canceló en forma definitiva la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia y el entonces Tesorero del SNTMMSRM, Héctor Félix Estrella, por considerar que sobre “el supuesto desvío” de 55 millones de dólares, pertenecientes a un fideicomiso de los trabajadores mineros, “la PGR no aportó elementos suficientes para inculparlos”.
En comunicados a los medios, el Sindicato Minero descartó hace poco más de un mes la versión de un “supuesto” nuevo laudo de la JFCA en torno al asunto del fideicomiso y estableció en uno de ellos que los “máximos tribunales penales del país” dejaron en claro que los recursos del mismo “son propiedad del sindicato y no así de los trabajadores en lo individual”.
Ahora que la disputa se inserta en el contexto de una elección presidencial de inéditas expectativas, seguramente que tanto Napoleón como Larrea tendrán mucho que explicar al país: el primero, transparentar a los mineros y a la ciudadanía cuál ha sido el verdadero manejo de los recursos del controvertido fideicomiso y, aún más, entregarlo a sus agremiados en un gesto de justicia social, si desea llegar al Senado libre de sospechas y cuestionamientos.
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El segundo, explicar el por qué desde que recibió en bandeja de plata las minas de Cananea y Nacozari para constituir un multimillonario monopolio en el país, ha negado sistemáticamente buenos salarios y condiciones de higiene y seguridad a miles de mineros. En el ranking mundial de países productores de metal, Grupo México ocupa el penúltimo lugar en salarios con 2,1 dólares por hora, superado por los empresarios de Perú que pagan un dólar la hora.
En Pasta de Conchos se negó al rescate de los cuerpos de 63 de los 65 mineros que quedaron sepultados en el tiro de la mina, por el temor a ser responsabilizado de un “crimen industrial”, Larrea no quiso invertir unos cuantos millones en la seguridad de sus trabajadores y lo sigue haciendo poniendo en riesgo sus vidas, ante la complicidad de las autoridades laborales. De ahí, supuestamente, arrancó el enfrentamiento con Napoleón hasta hacerlo huir del país.
A Germán Larrea, recursos no le faltan pues tan sólo en el 2016 las minas de cobre que le “obsequió” Carlos Salinas –Cananea y Nacozari–, le dejaron ganancias anuales por 24 mil millones de pesos, lo que lo ha llevado a ser uno de los hombres más ricos de México. De acuerdo a Forbes, su fortuna ronda los 13 mil 800 millones de dólares.
Ante las cercanas elecciones presidenciales, el Fideicomiso Minero, júrelo, aún dará mucho que hablar, lo mismo que los personajes ya descritos.
