Juan Francisco Díaz Aguirre fue, además de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FSTSE) ante PENSIONISSSTE, la afore de los trabajadores del Estado, la única de carácter público.
Representante también de la FSTSE ante esa administradora de fondos para el retiro, en agosto de 2015, era José Antonio Lara Gaytán, quien en su currícula registra haberse desempeñado como vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
En esa época, otro representante era Mauricio Muñoz de Cote, propuesto por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En la inversión que PENSIONISSSTE realizó ese año en la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA), los tres, en diferentes momentos, alertaron del riesgo que representaba, frente a signos evidentes de problemas financieros que enfrentaba. El pasado 13 de marzo la agencia de noticias Reuters publicitó que las pérdidas al fondo de pensiones de los trabajadores del Estado, ascendieron a 406 millones de pesos al reducir su valor a sólo 0.01 por ciento, como consecuencia de un programa de reestructuración tras declararse en insolvencia a fines de 2015.
Mario Maldonado, columnista especializado en economía, en diversas colaboraciones para El Universal, diseccionó la forma en que esa inversión fue aprobada, bajo el impulso del entonces vocal ejecutivo de la afore, José María de la Torre Verea y de la jefa de análisis, Silvia Espinosa Elguea, en el Comité de Inversión. Según la información que posee, hubo conflicto de interés.
De acuerdo con el columnista, fueron dos las inversiones que se realizaron, ambas bajo el impulso del entonces vocal ejecutivo y de la jefa de análisis. En la segunda, Lara Gaytán habría advertido de riesgos en la calificación de ICA y que no era buena estrategia duplicar el monto.
El director general del ISSSTE, Florentino Castro López, anunció que se realizará una investigación de lo ocurrido para deslindar responsabilidades. El escándalo estalló en un momento políticamente inoportuno, a unos días del inicio de las campañas por la Presidencia de la República, en las que la corrupción será un tema predominante.
Castro López, quien permanecerá al frente del instituto sólo nueve meses, tiene ante sí, además, el reto de resolver a cabalidad el descontento provocado por irregularidades en el manejo de los vales de fin de año.
Tanto la millonaria pérdida en la fallida inversión en ICA, como los vales de fin de año, no son responsabilidad de Castro López. Sin embargo, a él le tocó la mala suerte que fueron pendientes heredados y que estallaron en su gestión.
Sin duda, la millonaria pérdida en el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado, es el mayor reto para el director general del ISSSTE. Resolverlo adecuadamente, le permitiría dejar constancia que la experiencia es primordial en el servicio público; de lo contrario será un final lamentable para su larga trayectoria.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), senador Joel Ayala Almeida, exigió la recuperación de la inversión y que, de manera escrupulosa se detalle el método a través del cual se recuperarán.
Las alertas que los representantes de los trabajadores hicieron de los riesgos que implicaba invertir en ICA, es argumento sólido para establecer que la decisión la tomaron funcionarios que carecían de los conocimientos técnico suficientes, o que teniéndolos, por intereses desconocidos la autorizaron.
Si bien es cierto el director general del ISSSTE deberá tomar todas las medidas necesarias en busca de recuperar la inversión, también está obligado a presentar las acciones administrativas y penales para deslindar responsabilidades. Los integrantes, con voz y voto en el Comité de Inversiones de PENSIONISSSTE y que hayan avalado la compra del 10 por ciento de las acciones de ICA, están obligados a justificarlo por las vías legales necesarias.
Lo anterior significa que si bien es cierto que el ISSSTE cuenta con una Junta Directiva, la afore tiene sus órganos de toma de decisiones, además que debe cumplir con la Ley de la materia bajo regulación de la Consar y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Con la alerta sobre los riesgos de una la inversión en ICA, Díaz Aguirre dejó muestra de la verticalidad y honorabilidad que lo caracterizaron. Desafortunadamente murió en octubre pasado, dejando un vacío difícil de llenar en el entorno del senador Ayala Almeida. Fue un excelente amigo, solidario y sencillo. Descanse en paz.
La inversión fue aprobada por el vocal ejecutivo de la Afore, José María de la Torre y la jefa de análisis, Silvia Espinosa Elguea
