Los sindicatos como parte corporativa del PRI han jugado un papel de primer orden en los procesos de sucesión, sobre todo en los últimos tres sexenios. Tras el triunfo del panista Vicente Fox en el año 2000, trascendió que a través del sindicato petrolero, y a un mes de la elección presidencial, Pemex le autorizó al organismo gremial de filiación priísta, un préstamo por 640 millones de pesos que se triangularon para entregarse, constantes y sonantes, a la Secretaría de Finanzas del tricolor.
Los recursos de origen público no fueron suficientes para lograr que Francisco Labastida Ochoa se alzara con el triunfo, pero el famoso “Pemexgate” puso en evidencia parte del mecanismo empleado por el Partido Revolucionario Institucional para allegarse recursos no presupuestados por los órganos electorales, mediante sus sindicatos adherentes, incurriendo en un claro delito electoral.
A cambio de estos apoyos ilícitos, los líderes petroleros han obtenido senadurías y diputaciones, como también ha sucedido con los dirigentes de centrales como la CTM, el Sindicato Ferrocarrilero o la CROC, que han ocupado cargos en el Congreso, la más de las veces sin hacer campaña; es decir, por la vía plurinominal.
Este sistema de alianzas y complicidades no ha estado exento de rompimientos como el ocurrido a la mitad del sexenio foxista cuando la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales rompió lanzas con el PRI, dándose a la tarea de emplear los millonarios recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para crear su propio partido, el PANAL, pactando una nueva alianza con los gobiernos panistas.
El apoyo otorgado por Gordillo Morales a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa cumplió dos propósitos fundamentales: cerrar la puerta a al triunfo de Andrés Manuel López Obrador y dinamitar la campaña presidencial del tabasqueño Roberto Madrazo, ex compañero de partido de la líder sindical, convertido en su acérrimo enemigo.
Tras el apretado triunfo en 2006 de Calderón, apareció en la escena del gabinete el alto costo que el panista debió pagar a la líder moral del magisterio a cambio de ganar la presidencia: en la SEP fue ubicado como Subsecretario de Educación Básica su yerno, Fernando González; al frente del ISSSTE quedó otro de sus incondicionales con quién más tarde terminaría enfrentada, Miguel Ángel Yunes—actual gobernador de Veracruz–, en la Lotería Nacional se ubicó a Francisco Yañes, operador de todas sus confianzas y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública a Roberto Campa, irónicamente ahora Secretario del Trabajo.
Tras la derrota de Madrazo y Obrador en 2006, salieron a la luz pública grabaciones donde la dirigente dictaba órdenes a gobernadores priístas como Eugenio Hernández, de Tamaulipas, para operar la elección en favor de Calderón.
En 2012, Elba Esther regresó al PRI apoyando la candidatura de Enrique Peña Nieto junto su partido, el PANAL, al lado del viejo corporativismo, pero al oponerse a la Reforma Educativa, terminó en la cárcel acusada de delitos como lavado de dinero.
Ahora, purgando su condena en su departamento de Polanco, mueve a incondicionales suyos como el ex dirigente del SNTE, Rafael Ochoa, su nieto René Fujiwara y su yerno, Fernando González, apoyando abiertamente a López Obrador, quien parece haberse olvidado de los agravios pasados, estableciendo una alianza con la ex líder magisterial y su estructura electoral que hizo ganar y perder a candidatos presidenciales.
