Aterrado con la hecatombe presupuestal que se le viene encima, y lejos de tomar providencias, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, ordenó a su aún incondicional Congreso tomar el hilo y la aguja para dar las últimas puntadas a su mortaja política con la aprobación de la Nueva Ley de Seguridad Social que aniquila el sistema de pensiones de unos 375 mil burócratas que prestan sus servicios en su gobierno, diversos organismos y municipios; 80 mil de los cuales reporta como sus agremiados el Sindicato Único de los Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).
La imposición legislativa no solo ignoró la opinión de los directamente afectados para cambiar abruptamente el Sistema Solidario de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), el tercero más grande del país solo por debajo del IMSS y del ISSSTE, a un sistema de cuentas individuales manejadas por las Afores, cuyos sistemas de inversión han sumado multimillonarias pérdidas a los ahorros de los trabajadores –700 mil millones de pesos de 1997 a la fecha–, ocultas en las llamadas “minusvalías”.
Pero la ruleta rusa con la que juega del Mazo Maza incluye una letal bala expansiva. En la iniciativa aprobada por los diputados locales del PRI, Verde Ecologista, Panal y Encuentro Social, se establece la figura del Copago, tan discutida y ahora en franca regresión en España por los destrozos sociales causados a los pobres, sobre todo personas de la tercera edad, al cobrarles cuotas extras enciertos rubros de la atención hospitalaria, incluidos los medicamentos para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes.
Tras el arribo al gobierno de ese país del socialista, Pedro Sánchez, el pasado 2 de junio, se contempla echar abajo la reforma que fue privatizando la salud pública española desde el 2012 con el visto bueno del hoy depuesto Mariano Rajoy, y que borró del esquema asistencial la atención íntegra de los trabajadores y pensionados de manera gratuita para trasladarlos al de Copago, que los colocó en el dilema de emplear sus magros ahorros e ingresos para su atención médica, dejando a miles de españoles en la miseria.
La pregunta que la burocracia mexiquense plantea con sobrada razón a su endeble mandatario es obvia: ¿En qué país o burbuja fantástica viven del Mazo y sus asesores? ¿Acaso ignoran el deterioro económico que enfrentan millones de mexicanos, entre ellos los empleados burocráticos?
En los argumentos presentados en su iniciativa ya aprobada, el gobernador esgrime que en 2017 la quiebra del sistema de pensiones del ISSEMYM apareció en los estados contables de su administración al registrar un déficit de 357 millones de pesos entre los ingresos del sistema pensionario por 20 mil 595 millones de pesos, contra los egresos de 20 mil 953 millones de pesos. De seguir así, dijo en su propuesta, para 2021 la descompensación llegará a los 6 mil 470 millones de pesos.
Benevolente, el último eslabón del Grupo Atlacomulco, dijo que al modificarse el sistema solidario de pensiones al de cuentas individuales operadas por las Afores, el trabajador tendrá la certidumbre que su dinero no será utilizado para otros fines y sus ahorros se manejarán de forma más eficiente al utilizar las ventajas de los mercados financieros para mejorar las pensiones.
El asunto es que los sofismas empleados por Del Mazo se desbaratan al chocar de frente con la realidad: en este espacio señalamos en anteriores entregas que tanto trabajadores del apartado “A” como del “B” –los burócratas–, apenas y se han enterado que sus ahorros, manejados por las Afores, han servido para financiar proyectos fallidos en materia de energía y hasta las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
¿A qué certidumbre se refiere el gobernador mexiquense? ¿Cuáles son esas ventajas del mercado financiero para mejorar las pensiones? La Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), indica que el manejo discrecional de los ahorros de los trabajadores por parte de los banqueros, en los últimos 21 años, y que ascienden –según datos de la Consar–, a 3 billones 220 mil 749 millones de pesos, apenas y ha sumado ganancias por 616 mil 861 millones de pesos contra las pérdidas, llamadas “minusvalías, por más de 700 mil millones de pesos.
Las ventajas del sistema de cuentas individualizadas que ha impuesto del Mazo al sistema pensionario de los trabajadores públicos en su entidad, simplemente no existen. Modelos similares al implantado en México desde 1997, en el gobierno de Ernesto Zedillo, terminaron por incubar graves problemas sociales en países como Chile y Honduras.
Y de ribete, los burócratas mexiquenses estarán condenados con el esquema de copago a sufragar, como en España, los costos extras de una operación y el pago de sus medicamentos, como si sus salarios fueran en euros.
El gobernador mexiquense eligió el peor momento para jugar a la ruleta rusa. Sin partido en Los Pinos, sin presencia en el Congreso de la Unión y aniquilado en el Congreso Local, Del Mazo no termina de entender que su papel será el de un simple administrador que deberá andarse con tiento si no desea correr la misma suerte que el destituido ibérico, Mariano Rajoy.
El imponer leyes de última hora es un lujo que no puede darse, sobre todo si de atentar contra la seguridad social de miles de mexiquenses se trata. Morena arribará en unas semanas a la Cámara de Diputados local y ya anunció meter reversa a tal abominación. Veremos qué suerte le depara en el corto plazo a Del Mazo. Por lo pronto sus legisladores ya confeccionaron su mortaja política y hasta en voz baja, balbucean su réquiem.
